Estudio sobre gratuidad: 21 de mayo y discriminaciones a nivel regional
El 21 de mayo la Presidenta Bachelet anunció que la implementación de la gratuidad en educación superior comenzará focalizada en los jóvenes del 60% más vulnerables, pero solo para aquellos que estén matriculados en universidades del CRUCH o en CFT o IP acreditados y cuya organización jurídica no sea con fines de lucro, esto último a pesar de que la ley permite que las instituciones técnicas puedan organizarse de este modo.
Esta definición del gobierno y más allá de otros efectos negativos que implica la aplicación de una política de gratuidad que cambia el sistema de becas y créditos a uno de fondos directos para las instituciones, genera graves discriminaciones a nivel regional las cuales fueron analizadas en un estudio de Acción Educar.
Entre las principales conclusiones del análisis se observa que, debido a las restricciones anunciadas en la Cuenta Presidencial, quedan siete regiones sin instituciones técnicas (CFT e IP) que cumplan con los requisitos impuestos por el gobierno y por lo tanto los alumnos vulnerables de estos territorios no podrán acceder a la gratuidad el 2016 si quieren estudiar carreras de este tipo . Las regiones afectadas son: Arica, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén, Magallanes.
Aparte de estas siete regiones, se cuentan otras seis regiones donde la matrícula en CFT e IP acreditados y sin fines de lucro, es menor al 5% de la matrícula total de educación superior de la región, ya que la mayoría de los que asisten a este tipo de instituciones lo hace en una acreditada y con fines de lucro.
Finalmente, el estudio también arroja que en promedio solo un 35% de los alumnos de las regiones del país que pertenecen al 60% más vulnerable podrá acceder a la gratuidad el 2016, ya que el resto se encuentra en una universidad privada o en un CFT/IP no acreditado, o acreditado pero con fines de lucro. En algunas regiones este porcentaje es particularmente bajo, como el caso de la región de Coquimbo, O´Higgins, Los Lagos y Aysén, en que menos de un 30% de esos alumnos se verá beneficiado.
Estas discriminaciones regionales descritas son inconvenientes. Una política de financiamiento estudiantil no debiera basarse en criterios arbitrarios que no dicen relación ni con la vulnerabilidad del alumno ni con con la calidad de la institución. Lo que puede generar problemas graves en la región Metropolitana, se intensifica en las demás regiones donde existen menos opciones para los alumnos, y donde universidades privadas o CFT e IP que están organizados como sociedades con fines de lucro, se hacen cago de gran parte de la matrícula de estos territorios, especialmente de la más vulnerable.
Ver noticia de diario El Mercurio sobre el estudio
