Exposición en el Congreso sobre el proyecto de ley FES

• 21 de Noviembre, 2024

Esta semana se discutió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES).

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La sesión contó con la participación de los parlamentarios miembros de la comisión y con la exposición de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar.

En primer lugar, Daniel Rodríguez dio a conocer cuatro errores conceptuales que hay detrás de la iniciativa del Gobierno:

1. Extiende un diseño equivocado del control de vacantes y aranceles.
2. Degrada al sistema de educación superior.
3. Consolida a la educación superior como la principal prioridad del Gobierno en educación.
4. Esconde un impuesto para financiar un sistema de reparto.

Por su parte, el economista y director de Estudios, Manuel Villaseca, señaló que este proyecto “transfiere riqueza a profesionales de altos ingresos”. En esa línea, argumentó que el premio salarial en Chile es el más lato de la OCDE y que los deudores del CAE están entre esas personas. “Hoy, un 78% de los deudores del CAE egresó de su carrera de educación superior; más de un tercio gana sobre $1,3 millones de pesos y un 8% sobre $2,5 millones”, afirmó.

Asimismo, el experto indicó que la iniciativa tiene otros efectos probables, como un posible perjuicio al acceso y libertad de elección de mujeres y estudiantes de regiones:

1. La mayor parte de las 83 mil personas que hoy reciben becas en instituciones sin gratuidad son estudiantes mujeres (68%) y/o de una región distinta a la Metropolitana (61,2%). Lo mismo ocurre con el crédito CAE.
2. La eliminación de becas y créditos afectará, en el futuro, a las personas que ingresen a instituciones no adheridas al FES. Dado que las restricciones del sistema propuesto son similares a las de la gratuidad, la participación femenina en el sistema de educación superior podría caer hasta 1,8 puntos porcentuales. Se afectaría el acceso de 1 de cada 5 mujeres (20,7%).