El financiamiento estudiantil busca asegurar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes con mérito, especialmente los más vulnerables. Chile ha avanzado en ese propósito alcanzando hoy una cobertura que se encuentra dentro del promedio de los países de la OCDE y que, en el caso de los jóvenes del quintil de menores ingresos, se ha expandido desde un 4,5 % a un 34, 4 % desde 1990 a la fecha. Lo anterior gracias a una política consistente en el tiempo de becas y créditos, que se ha ido perfeccionando y que, junto con promover el acceso de quienes más requieren apoyo, es coherente con la diversidad de proyectos educativos y el desarrollo de nuestro sistema de educación superior.
Nuestro sistema de becas y créditos constituye un subsidio a la demanda por parte del Estado, es decir, en vez de financiar directamente a las instituciones, se le entregan los recursos al alumno para que los destine a la institución acreditada de su preferencia. Este sistema permite cumplir el citado objetivo de acceso, focalizando de mejor forma los recursos fiscales y reconociendo la libertad de los jóvenes para escoger entre la diversidad de proyectos el que que mejor se adapte a sus capacidades y necesidades. Con todo, nuestro actual sistema de becas y créditos debe ser perfeccionado, facilitando el acceso a ellas, elevando sus montos de tal forma que incluso permitan financiar gastos de mantención de alumnos de menos recursos y terminando con las discriminaciones que perjudican a los alumnos de universidades que no pertenecen al CRUCH o en la educación superior técnica.
A diferencia de las becas, la gratuidad universal implica un sistema de financiamiento directo a las instituciones (subsidio a la oferta) que beneficia en mayor medida a los jóvenes de mayores recursos. Este mecanismo, mediante la fijación de aranceles y cupos de manera centralizada por el Estado, limita el desarrollo de las instituciones, pone un techo a la calidad y, paradójicamente, restringe el acceso de los más vulnerables.
Incentivos
Una característica esencial del subsidio a la demanda, que es la lógica de las becas y créditos actuales, está en que promueve que las instituciones de educación ofrezcan programas que sean atractivos para los jóvenes, y por esa vía, obtengan financiamiento. Esto las obliga a tener mayor capacidad de adaptación a las necesidades del país y de sus estudiantes, con quienes las instituciones deben tener un estrecho vínculo.
Por el contrario, un mecanismo de financiamiento centrado en la oferta, como la gratuidad universal que ha anunciado el gobierno, aleja a las instituciones de las necesidades de los jóvenes y pone los incentivos, equivocadamente, en fortalecer la capacidad de negociación de las universidades con el Estado para conseguir mayor financiamiento. En los hechos implica eliminar la relación entre los estudiantes y su institución, lo que es evidentemente negativo.
En vez de cambiar la lógica de financiamiento, el desafío está en contar con un marco regulatorio adecuado que asegure una oferta de calidad y al mismo tiempo dote al sistema de un conjunto de posibilidades que permitan a los jóvenes elegir entre proyectos diversos.