Gratuidad en educación superior: discriminación y un freno a la calidad del sistema
En un anuncio que ha recibido críticas desde diversos sectores, incluidas autoridades de la Nueva Mayoría, el gobierno informó recientemente que la gratuidad en educación superior estará circunscrita el 2016 solo para los alumnos del 60% más vulnerable que estén matriculados en un puñado de instituciones, en particular las del Consejo de Rectores (CRUCH) y en CFT e IP que estén acreditados y que además no tengan fines de lucro, a pesar de que esto último está permitido por ley.
Cerca de 400 mil alumnos, de igual necesidad económica, serán excluidos de esta política por el simple hecho de haber escogido una universidad o un instituto distintos a los que al Estado señala como convenientes. Hay que recordar que existen instituciones que cuentan con varios años de acreditación, alta inclusión y buen nivel de investigación tanto dentro como fuera del Consejo de Rectores. En el caso de los planteles técnicos hay organizaciones con y sin fines de lucro que tienen calidad acreditada.
El Ministerio de Educación ha justificado su actuar en restricciones presupuestarias, fijando un fondo de US $500 millones como el máximo para gastar en este ítem el próximo año. Sin embargo, existen alternativas que no significan filtros injustos y arbitrarios como los que ha elegido el gobierno. Un estudio que realizamos en Acción Educar concluye que con un monto similar se podría financiar las carreras completas de los alumnos del 30% más vulnerable de todas las instituciones acreditadas y no solo del grupo de planteles anunciado por la presidenta. Con un presupuesto levemente mayor se podría cubrir al 40% más vulnerable. De esta manera se evita discriminar arbitrariamente a alumnos de igual vulnerabilidad y se establece un criterio objetivo que dice relación con la calidad de la institución: la acreditación. El anuncio presidencial también genera graves discriminaciones a nivel regional, tal como muestra un análisis de Acción Educar, que arroja que en siete regiones no existen planteles técnicos cuyos alumnos vulnerables puedan acceder a la gratuidad el 2016.
Más allá de las diferencias injustas y de los costos de este anuncio, tampoco hay que perder de vista la advertencia de la presidenta de que la gratuidad parcial sería “sin becas ni créditos”, lo que significa que el Estado dejará de entregar las ayudas a los alumnos, quienes libremente pueden escoger en qué institución se matriculan en la medida que esté acreditada, sino que ahora se entregará un fondo directo a las instituciones para que ofrezcan gratuidad al grupo de alumnos que se defina. Para establecer el monto que se entregará a cada plantel, el Estado fijará los más de 12 mil aranceles de las carreras que se imparten en Chile. Para ello diseñará una fórmula que se basará en los costos de una “universidad tipo” o “modelo”, con la que se determinará lo que cada institución recibirá por carrera. Esta fórmula no representará la estructura de costos efectiva de cada universidad, IP o CFT, sino lo que un grupo de individuos ajenos a cada proyecto considera que debiesen ser.
Al fijar el precio del arancel, el Estado afectará la autonomía y calidad del sistema, porque determinará por esa vía el potencial de desarrollo de cada institución, el número de alumnos que puede recibir, las carreras que podrá impartir y la forma de llevar a cabo el proyecto educacional. El desarrollo de cada institución quedará limitado a lo que pueda hacer con los recursos que el Estado le asigne, fijando un techo a la calidad del sistema. En el caso de instituciones que requieren de ingresos elevados para solventar sus mayores costos, si el arancel fijado no reconoce dichos costos deberán, necesariamente, adecuar sus proyectos a la calidad promedio que el nuevo sistema determine.
A la hora de fijar el costo de la gratuidad, tal como la plantea el gobierno, debemos agregar entonces la afectación a la calidad del sistema y el freno al desarrollo que eso significa. Lo anterior es grave si se considera que, aunque el sistema educacional chileno se ha fortalecido, está lejos de alcanzar un nivel óptimo y, por lo tanto, toda política que lo frene es un error.
