La regulación de aranceles, propia del diseño de la política de gratuidad de la LES, afecta el desarrollo de los proyectos educativos, en particular los que no cuentan con fondos basales o aportes que van más allá de los aranceles. Las instituciones son las más afectadas por esta regulación, dado que estos estudiantes no reciben el beneficio de la gratuidad, y en consecuencia el Estado no entrega ningún subsidio a cambio de la fijación de precios.
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