Este lunes la investigadora senior de Acción Educar, Tania Villarroel, fue invitada por la Comisión de Educación del Senado para exponer sobre la iniciativa que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19.
En su presentación, la abogada explicó que si bien el proyecto de ley busca entregar un apoyo a los estudiantes que se han visto afectados por actual escenario, la solución que se propone termina siendo más perjudicial y pone en riesgo al sistema en su conjunto. “Se genera un incentivo al no pago, en circunstancias que los establecimientos educacionales ya han visto disminuidos sus ingresos de manera importante”, indicó.
Villarroel advirtió que la iniciativa puede afectar la calidad e incluso llevar a la quiebra de algunos colegios. Según una estimación de Acción Educar, entre un 32% y un 40% de las familias podrían acogerse a alguna de las hipótesis consideradas en la ley, lo que traería en consecuencia que los establecimientos tendrían que entregar facilidades a entre 338 mil y 416 mil estudiantes.
A lo anterior, la investigadora agregó que “existe oferta suficiente para acoger a aquellos alumnos que decidan migrar a la educación pública. Por lo tanto, no puede considerarse que hay una afectación al derecho a la educación de dichos estudiantes”.
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