Faltan semanas para que el Gobierno ingrese al Congreso su propuesta de Ley de Presupuesto 2016, que este año concentra su atención en la nueva glosa con que se iniciará la gratuidad en la educación superior para los jóvenes del 50% más vulnerable que estudien en un grupo de 35 instituciones.
Un compromiso que da el primer paso a uno de los principales objetivos de la administración Bachelet y que busca que los jóvenes dejen de endeudarse para estudiar. Esa realidad afecta hoy a 560 mil personas que tienen al menos un crédito para financiar su educación terciaria, según el último reporte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera. Al menos uno, porque el sistema reporta 642 mil préstamos activos, lo que significa que un mismo estudiante adquirió más de una deuda de este tipo.
Las cifras, que incluyen los créditos Corfo, con Aval del Estado (CAE) y los privados de los propios bancos, muestran que del total de compromisos adquiridos, 54.976 están con una morosidad superior a 90 días por montos que en conjunto suman $49 mil millones. Y aunque la gran mayoría de los deudores está cancelando al día, se aprecia que mientras la cartera de créditos creció 18% respecto al año pasado, los morosos aumentaron 25%, es decir, siete puntos porcentuales por sobre la evolución del sistema.
Y según los especialistas es en este grupo donde se puede advertir un problema mayor, ya que entre quienes tienen moras menores a tres meses, el no pago puede variar de forma más circunstancial que entre aquellos que ya tienen un no pago de largo plazo.
Todos coinciden en que la expectativa sobre el anuncio del inicio de la gratuidad desde 2016 estaría influyendo, además del escenario de desaceleración económica. “Hay una expectativa de muchos estudiantes de que van a cambiar las condiciones financieras y de que eso podría beneficiarlos, pero hay otros que simplemente han perdido sus trabajos o no tienen condiciones para pagar. Lo más probable es que sea una combinación de ambos”, dice Andrés Bernasconi, director del Centro de Políticas en Educación de la UC y miembro del Consejo Consultivo para Educación Superior convocado por el Mineduc.
“Ante lo confuso de los anuncios, los deudores pueden ir modificando su conducta esperando una condonación de las deudas y es un factor relevante que puede llevar a un número importante a modificar su conducta de pago”, agrega Raúl Figueroa, director de Acción Educar.
Y el problema de fondo es que hoy los aranceles son muy altos, agrega el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle. “La educación superior tiene aranceles muy elevados en comparación con otros países (…) la gran mayoría de los estudiantes está en una condición de vulnerabilidad económica. Si miramos al sistema en su conjunto probablemente hay un 80% de estudiantes que no está en condiciones de pagar estos aranceles tan altos”, plantea.
Asegura que 80% de los estudiantes no está en condiciones de pagar de su bolsillo una carrera y que la morosidad también se explica porque muchos no encuentran, al egresar, un trabajo que les permita pagar a tiempo. “Solo en el caso del Consejo de Rectores, 37% de los estudiantes trabajan y ese indicador evidencia que se necesita cuanto antes implementar gratuidad”, al menos para los alumnos que están en condiciones más vulnerables, sostiene.
Respecto de la política pública, Figueroa es partidario de un sistema de becas completas para los más vulnerables y créditos con apoyo del Estado de bajo interés para quienes tienen más ingresos. Con todo, ante el alza en la morosidad, plantea que es clave “un discurso público más claro y un mejor manejo de las expectativas de los jóvenes”.
Y sobre los deudores, Bernasconi plantea que “no les conviene dejar de pagar, porque las consecuencias que eso tiene no las pueden manejar. Es muy probable que no haya ninguna novedad respecto de los egresados endeudados a partir de las cosas que se están proponiendo acá”.
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