La educación en la propuesta constitucional

• 18 de Agosto, 2022

La educación como materia tratada en la Convención Constitucional ha estado en el centro del debate. Desde el inicio del proceso, es uno de los derechos sociales tratados con mayor extensión y detalle en la propuesta constitucional.

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El siguiente documento es un consolidado de los análisis al texto propuesto que ha llevado a cabo Acción Educar, de manera de dar respuesta a las incertidumbres y ver los posibles riesgos y consecuencias sobre el alcance de ésta para las familias, comunidades educativas y la ciudadanía en general.

Resumen Ejecutivo

En nuestra misión de contribuir con evidencia, análisis y opinión al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación, hemos sido parte del debate constitucional desde su inicio. Las “Series Constitucionales” se concentraron en dar sustancia a los principales conceptos que debieron ser parte de la constitución. Presentamos una iniciativa popular de norma, que tuvo cerca de 29.000 apoyos y fue discutida – y rechazada – en la Convención Constitucional. Así, durante más de un año de trabajo en la materia, hemos consolidado una posición sobre el texto.  En síntesis, del análisis de la propuesta de Constitución:

Es perjudicial la eliminación del derecho y deber preferente de los padres y tutores sobre la educación de sus hijos o pupilos, ya que es más amplio que la libre elección que contempla la propuesta. Se deja al Estado como el principal educador y relega a un segundo plano la participación preferente de las familias en la educación.

La libertad de enseñanza no cumple con los estándares internacionales, pues es si bien incorpora la libertad de elegir el tipo de educación (una versión mezquina del derecho y deber de educar), no contempla la libertad y autonomía para crear y desarrollar proyectos educativos propios, solo lo hace para los pueblos indígenas.

Al establecer un listado taxativo de fines y principios, se afecta gravemente la existencia de un sistema educativo que cuente con proyectos educativos diversos y autónomos. Lo anterior afecta gravemente la efectiva elección de los padres sobre la educación de sus hijos en conformidad a sus intereses, convicciones y valores.

La calidad de la educación queda atada al cumplimiento de los fines y principios de la educación y de la Constitución, a pesar de que calidad es un concepto unívoco. Existe incertidumbre en cuanto a quién y cómo se verificará el cumplimiento del estándar de calidad.

El eje estratégico del Sistema Nacional de Educación es la educación pública, y garantiza gran parte de los esfuerzos del Estado en su ampliación, fortalecimiento y financiamiento. Esto podría generar una discriminación de trato entre estudiantes de 1° y 2° categoría, simplemente por no asistir a un establecimiento estatal. El énfasis por la educación estatal desconoce la composición actual del sistema educativo, donde un 55% de la matrícula escolar asiste a colegios particulares subvencionados y un 85% de sus estudiantes son considerados en condición de vulnerabilidad.

Se retrocede en garantizar constitucionalmente la obligatoriedad de la educación parvularia.

La participación vinculante de las comunidades educativas presenta un riesgo a que decisiones que son estrictamente pedagógicas y estratégicas para un establecimiento, no sean analizadas y tomadas con la debida responsabilidad y razonabilidad necesaria.

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