Hace unas semanas comenzó a sesionar el Consejo para la Reactivación Educativa, instancia conformada por 23 expertos ligados a la educación. El objetivo de estas sesiones es generar diagnósticos y recomendaciones de cara al desafío principal del Gobierno en materia educacional: la recuperación de aprendizajes.
Para lograr este objetivo, no cabe duda que son más que necesarios una sólida cooperación público-privada y el rol de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estudiar y analizar las distintas aristas que componen el desarrollo en las escuelas. Fue el mismo ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien señaló que “esta no es una tarea que va a resolver el Estado por sí solo, sino que tiene que hacerlo en combinación también con la sociedad civil representada en organizaciones, fundaciones, empresas, el mundo privado, el mundo político, la autoridad local“.
Desde Acción Educar creemos que es positivo que el Ministerio reconozca el valor de las organizaciones de la sociedad civil en la solución de la crisis educativa. Sin embargo, es esencial que el Gobierno las apoye de forma sustanciosa para lograr el objetivo de llegar a más de 80 mil niños y niñas. Esto porque existen múltiples costos relacionados, por ejemplo, a la coordinación con los colegios y la capacitación de personal.
Uno de los actores que también serán relevantes para esta tarea son las universidades. El desafío al que se enfrenta el Ministerio de Educación va más allá de lo técnico: la cooperación público-privada debe estar exenta de discriminaciones. Será necesario el apoyo de todas las universidades para lograr el objetivo y no solo de las que pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
Es fundamental que las palabras del ministro, especialmente cuando afirma que “esta no es una tarea que va a resolver el Estado por sí solo” se traduzcan en hechos concretos. El rol de los privados en la educación y la cooperación público-privada es esencial y cobra mayor importancia a la hora de enfrentarnos al desafío.
Debemos contar con reportes
Por otro lado, con el objetivo de poder convocar a la ciudadanía y a las familias en esta tarea, consideramos que una buena práctica sería contar con reportes mensuales para poder estar informados sobre el estado de ejecución del Plan en sus diferentes ejes.
A modo de ejemplo, el investigador legislativo de Acción Educar, Simón Pinto, señaló en una carta a El Mercurio que “sería interesante conocer en detalle las cifras de asistencia de los estudiantes según dependencia administrativa del establecimiento y zona geográfica”.