La necesidad de liberarse de las ataduras del programa de gobierno para avanzar en educación superior
No obstante Chile ha tenido importantes avances, mejorar el acceso a la educación superior de los jóvenes de familias de menos recursos sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentamos como país. Descartando la posibilidad de perfeccionar instrumentos que han sido útiles para cumplir ese propósito, como las becas y créditos, el gobierno ha anunciado un sistema de gratuidad universal que los reemplaza por aportes directos del Estado a las instituciones de educación superior y que financia tanto a los más ricos como a los jóvenes que sin ayuda económica no pueden estudiar. Ante las dudas que ha generado esta política de gratuidad universal, existe amplio consenso sobre la necesidad de revisarla. Lo anterior considerando su altísimo costo fiscal y el hecho que éste se concentre en los jóvenes más ricos y que menos ayuda estatal necesitan, además de otros efectos igualmente negativos como restringir la autonomía de las instituciones y la diversidad del sistema, poner un techo a la calidad y, paradójicamente, limitar el acceso de los más vulnerables, todo como consecuencia de la fijación desde el Estado de los aranceles y cupos que esta medida implica.
La gratuidad universal es sólo un instrumento que no debe confundirse con el real objetivo de mejorar el acceso. El programa de gobierno fijó una ruta en esta materia que, con poca reflexión, ha sido seguida por las autoridades y que implica la eliminación del sistema de becas y créditos; no obstante éste nos ha permitido contar con una cobertura en el promedio de los países de la OCDE y superior a la de países con gratuidad universal como Argentina, cuya cobertura total es menor que la chilena, lo que es aún más notorio en el quintil de menores ingresos, siendo la del vecino país de un 20%, y la nuestra para ese mismo grupo de un 27%. Este descarte a priori de instrumentos valiosos es una atadura innecesaria de la que urge liberarse para avanzar en el común objetivo ya descrito. Ante las evidentes restricciones presupuestarias y la necesidad de diseñar políticas que no discriminen, las becas y créditos son la manera más adecuada de avanzar.
La gradualidad anunciada en las últimas semanas, bajo el eslogan de un “realismo sin renuncia”, no es la solución. Por el contrario, la implementación parcial de la gratuidad para el 2016 no evita ninguno de los problemas asociados a la gratuidad universal ya descritos y profundiza graves discriminaciones que no tienen cabida en nuestra sociedad.Tal como lo muestra un estudio de Acción Educar, la gratuidad que se ha prometido para el próximo año excluye al 65% de los alumnos vulnerables que están en el sistema. Para el caso específico de la educación técnica sólo el 20% de los estudiantes de menos recursos podrá acceder a esta política. Además, siete regiones no cuentan con centros de formación técnica o institutos profesionales que cumplan con las condiciones impuestas para participar de la medida y sólo 10 ciudades de Chile tienen planteles técnicos que podrán acceder a la gratuidad. Esto, a pesar que en el país existe una amplia cobertura que está adecuadamente distribuida a lo largo del territorio, sin embargo muchas de estas instituciones están organizadas como personas jurídicas con fines de lucro, lo que está permitido por ley, pero a las cuales el gobierno ha decidido excluir no obstante muchas de ellas están acreditadas.
También se observan otros efectos complejos que abordamos en un análisis reciente de Acción Educar: el Ministerio de Educación ha dicho que las instituciones que participen de la gratuidad el próximo año no podrán aumentar su matrícula debido a que el presupuesto que se les entregará no contempla financiar un aumento en la cobertura. Esto es grave tomando en cuenta que un aspecto positivo de nuestro sistema es que ha permitido una expansión de la matrícula, la cual está impulsada particularmente por los alumnos vulnerables que cada año ingresan en mayor medida a la educación superior. Este tipo de restricciones, que por ahora afectarán sólo a las entidades que suscriban la gratuidad para el próximo año, también se pueden ampliar para el sistema completo si se consolida la gratuidad universal.
Se debe avanzar hacia un mayor acceso y equidad en el sistema de educación superior, pero para ello es necesario que quien toma las decisiones se abra al diseño de las mejores políticas para Chile.
