La Segunda: Demanda UC contra el Estado; Los efectos en la reforma

• 6 de Enero, 2017

Especialistas avizoran que tendrá implicancias más allá de las judiciales.

Por J. Henríquez

Ad portas de que se inicie una semana clave para la educación superior -se conocerán los resultados de las postulaciones universitarias y el Gobierno ingresaría las indicaciones pedidas por los parlamentarios para destrabar la tramitación del proyecto de reforma-, la Universidad Católica demandó al Estado por <incumplir> una ley que implica pago de recursos.

La decisión, inédita en la historia universitaria chilena, va más allá de una rencilla judicial. Según diversos actores del área educacional, sus efectos son mucho más profundos.

Saca la reforma del Congreso y la lleva a tribunales

“Que se judicialice un aspecto tan relevante como el financiamiento de una institución y más aún de la categoría y calidad de la UC, no es gratis, porque saca a la reforma educacional del Congreso y la lleva a tribunales”, dice el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa.

Agrega que “este conflicto debió resolverse por otra vía; el Gobierno fue advertido de que esto generaría un problema, pero no le tomó el peso y ahora termina en tribunales producto de su incapacidad”.

Debilita más la reforma

“Es preocupante (esta situación), porque demuestra la incapacidad de nuestro gobierno de plantear una reforma educacional de manera clara y sin dilaciones. Los prolongados silencios y la incertidumbre permanente sólo han generado daño a la reforma”, dice la ex ministra de Educación y diputada DC, Yasna Provoste. A su juicio, “la reforma finalmente se ha boicoteado sola porque el Ejecutivo ni siquiera ha logrado cerrar acuerdos con sus parlamentarios”, dice.

Su colega UDI Jaime Bellolio agrega que “si la reforma ya venía con problemas, esto la debilita aún más porque instala la lógica de universidades estatales versus el resto, cuando se requiere a todo el sistema aglutinado para llevarla adelante”.

Pierden los proyectos educativos

“La UC tiene razón en estar molesta, tanto por el mecanismo usado para eliminar esas platas, como por la reducción de recursos, porque eso va a significar, quiéranlo o no, impactos en el proyecto universitario. Se van a ver afectadas la investigación, innovación y la extensión”, dice Mirentxu Anaya de Educación 2020.

“Más aún si uno piensa que la UC seguramente no tiene espacios de holgura en el presupuesto, por lo que terminará dejando de invertir en algo. Y eso se traducirá en un detrimento de la actividad académica o de investigación”.

Provoca un quiebre entre la UC y el Gobierno

“La UC fue el primer plantel que respaldó la gratuidad, pese a tener serias dudas. De hecho, dio un tremendo espaldarazo al Gobierno al adelantar su decisión de participar en ella y en eso fue muy leal. Todos sabíamos que si la UC no se sumaba, la gratuidad no tenía futuro. Y aunque su apuesta fue incidir en el diseño de la reforma desde adentro, no lo logró”, dice Figueroa.

Y agrega que eso fue distanciándola del Gobierno, fue siendo cada vez más crítica. “Y hoy está con un tremendo déficit ($ 1.750 millones del 2016 más de $ 2.300 proyectos para 2017) y con la claridad que fue una decisión equivocada. Es evidente que hay un quiebre, que se perdió la confianza”.

Alerta una conducta desafiante en la tramitación legal

“Aquí no hay un problema de platas, hay un problema ideológico del Gobierno. Les dijimos varias veces que no era posible que la Ley de Presupuesto derogara de facto otra ley. Incumplieron la ley a sabiendas y eso no es tolerable”, dice el diputado de la Comisión de Educación Jaime Bellolio (UDI).

Mirentxu Anaya, de Educación 2020, agrega que “todos estamos de acuerdo en que el AFI hay que eliminarlo, pero para eso se requiere una ley. De hecho, hay un proyecto en el Congreso para hacerlo. Entonces, hay que tomar con seriedad las tramitaciones legislativas”.

Para Ricardo Paredes, rector DUOC UC, “no se pueden saltar la ley. Y no es primera vez, ya pasó con la ley de gratuidad que terminó en el Tribunal Constitucional. Hay que ser más rigurosos en las tramitaciones legislativas”.

El senador Andrés Allamand (RN) agrega: “Le advertimos al Gobierno que actuaban fuera de la ley, pero como siempre miraron para el techo. La desprolijidad política y técnica que ha tenido en educación superior supera todo límite. Se saltan la ley, legislan vía glosas y la reforma está a fojas menos cero”.

Desconfianza en las autoridades y nuevos debates

“Con esto se terminan de quebrar las confianzas en las autoridades. Hubo compromisos claros de que no habría reducción de recursos ni por esto ni por la gratuidad. Y no ha sido así. Es inentendible además que el Gobierno le quite recursos a la mejor universidad del país. Es dispararse a los pies… quitarle los patines”, dice el senador Fulvio Rossi.

Y agrega que “hay una sobreideologización que está llegando a la torpeza, a la lógica totalitaria. La reforma está naufragando porque no tiene hilo conductor, nadie sabe hacia dónde va”.

Claudia Sanhueza, investigadora UDP, agrega que además “esto debiera activar un debate profundo que sincere qué postura debe tener el Estado con las universidades. Ello, porque se debe definir el modelo de financiamiento de ellas y si el Estado va a ser subsidiario y hasta dónde, terminando así con la incertidumbre actual de qué va a ocurrir”.

Profundiza el quiebre del Consejo de Rectores

“Resulta paradójico que la reforma en vez de aglutinar a todos los rectores bajo una sola postura, los divida. Y esto profundiza el quiebre que ya se venía viendo”, dice Figueroa.

Bellolio agrega que “esto debilita al Gobierno, que debiera tener un Consejo de Rectores respaldando la reforma, cohesionados. Y en vez de eso estamos en el último año de gobierno con niveles de tensión cada vez más crecientes”.

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