La Segunda: Las propuestas para un sistema de educación superior de Acción Educar

• 18 de Abril, 2017

Extractos del documento “Propuestas para un Sistema de Educación Superior” que sintetiza la visión de Acción Educar sobre los principios que debieran sustentar el sistema de educación superior. La selección fue realizada por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de esta entidad. 

Propuestas para un Sistema de Educación Superior

Tanto en el programa de gobierno, como en las distintas minutas y documentos del Ministerio de Educación y finalmente en el proyecto de ley de educación superior actualmente en tramitación, subyace una mirada que se aleja de un sistema libre, autónomo y diverso. Ésta se basa en el supuesto de que los problemas de la educación superior chilena identificados por distintos grupos sociales, técnicos, académicos y políticos ocurren debido a una falta de conducción y control directo del aparato estatal sobre el quehacer de las instituciones de educación superior. La solución sería, entonces, transferir en la mayor medida posible las atribuciones y competencias de las instituciones y la sociedad civil al Estado, mientras que al mismo tiempo la libertad de acción de los individuos e instituciones se restringe a un marco pequeño altamente regulado. Esto lleva casi necesariamente al estancamiento del sistema vigente, al eliminarse el marco de libertad y autonomía que permitió su crecimiento y desarrollo.

La reforma que se ha planteado tendrá impactos reales y de largo plazo para miles de estudiantes, sus familias y, en consecuencia, para el país. Por ello nos hemos hecho parte del debate desde una perspectiva orientada al bienestar del conjunto de la sociedad. Como nación, debemos asegurar que los cambios que produzca esta iniciativa sean positivos para todos –en particular para los alumnos– y se construyan sobre los logros y aprendizajes del sistema vigente, y no solo en base a un diagnóstico restringido de sus deficiencias más vistosas. Hace falta valorar lo que hemos logrado y no darlo por sentado. Nada de lo que ha conseguido la educación superior chilena está asegurado, menos cuando se busca remover sus cimientos sin un adecuado plan de contingencia.

• Principios y visión

Los principios que deben guiar el sistema de educación superior chileno son los siguientes:

La libertad de educación, que tiene dos dimensiones complementarias e igualmente importantes: (1) La libertad de enseñanza, que se manifiesta en la posibilidad de abrir, mantener y administrar universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y que éstos sean autónomos del Estado. Esta libertad también se manifiesta en la igualdad ante la ley de diversos proyectos educativos surgidos desde la sociedad civil. (2) La libre elección de los estudiantes, la que se logra mediante un trato equitativo del Estado con todos ellos y proyectos educativos que demuestren un estándar adecuado de calidad.

La autonomía de las instituciones de educación superior, que tiene su fundamento en la Constitución que señala que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Esta autonomía permite que cada establecimiento se rija por sí mismo para el cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa. Es la garantía institucional de la libertad de enseñanza, además de ser un requisito indispensable para la rendición de cuentas.

La diversidad, que se manifiesta en: (1) La obligación del Estado de reconocer y permitir el desarrollo de los distintos proyectos culturales, religiosos y sociales que, desde el mundo estatal y privado, las instituciones de educación ofrecen. (2) La diversidad y pluralismo en la producción científica y cultural, que en el ámbito de la investigación y su impacto evite un monopolio de la producción cultural. (3) La diversidad de intereses, preferencias, aptitudes y proyectos de vida de los estudiantes. (4) La existencia de instrumentos concretos de política pública que promuevan dicha diversidad, sin discriminaciones arbitrarias.

El mérito y la búsqueda de la excelencia, los que deben entenderse no como conceptos absolutos, sino contextualizados a las particularidades de cada estudiante e institución. Se manifiesta en la obligación de que éstos sean el criterio rector del sistema, tanto respecto del acceso, selección y financiamiento de los estudiantes, la evaluación (y autoevaluación) de las instituciones y su relación con los estudiantes y la acción del Estado.

La equidad, que se manifiesta en que los actores del sistema velen por el acceso y retención de los estudiantes más vulnerables, concentrando en ellos las ayudas estudiantiles, y en general, tomando todas las medidas necesarias para que ningún alumno sea discriminado o excluido por razones socioeconómicas.

La educación superior como responsabilidad de la sociedad civil, lo que se manifiesta en el cofinanciamiento de la educación superior entre el Estado y las familias, en base a una combinación entre el pago de aranceles y las ayudas estudiantiles. Esta responsabilidad se materializa a través de las universidades estatales y privadas autónomas, una vez consolidado su proyecto educativo y confirmada la fe pública de su calidad. Este principio también implica que el Estado tiene el deber de reconocer como igualmente valiosos los proyectos educativos estatales y privados, y exigirles el mismo nivel de calidad.

Los principios antes mencionados se manifiestan en una visión futura coherente del sistema de educación superior que contiene continuidades y cambios respecto al actual. Nuestra visión del sistema de educación superior es el de un sistema equilibrado, basado en el mérito, la equidad y la libertad de elegir, con una intervención robusta, pero focalizada y transparente e inteligente del Estado y una amplia diversidad de instituciones, estatales y privadas, que reflejen en sus proyectos a la sociedad civil. La pregunta que sigue es si acaso esta visión se materializa en las reformas impulsadas por esta administración.

1. Propuestas para un sistema al servicio del país (extractos)

Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento de la calidad debe ser entendido como una preocupación compartida entre las instituciones y el Estado. El sistema de acreditación vigente tiene deficiencias conocidas y que deben ser corregidas, lo que no implica desechar la experiencia y el saber hacer acumulado de la Comisión Nacional de Acreditación. Asimismo, cualquier propuesta que entienda el sistema de acreditación como un sistema de control estatal contiene un error: la acreditación debiera enfocarse en reducir las asimetrías de información entre instituciones y estudiantes, velar por estándares mínimos en las instituciones que permitieran resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y promover la excelencia en todas las instituciones del sistema.

Financiamiento para el desarrollo del sistema

La gratuidad universal es una política regresiva, extremadamente cara y que necesariamente le pone un techo al sistema. En este contexto, y con el objetivo de lograr un esquema de financiamiento fiscal factible, la política de gratuidad universal fija los aranceles y prohíbe el aporte privado a la educación, lo que condena a las instituciones que se adscriban al desfinanciamiento crónico y a la dependencia estatal. La gradualidad que se propone es dudosa: hay una lógica de transición permanente que establece escenarios de incertidumbre que limitarán el crecimiento, la innovación y la inversión en las instituciones. Además, el financiamiento de deciles más ricos resulta cada vez más caro y menos sustentable políticamente. Vemos que en el mundo el debate se centra en como allegar más recursos a la educación superior (públicos y privados), no en cómo reemplazar los vigentes.

En un modelo exitoso, el financiamiento público debiera mantener sus dos canales actuales: institucional y estudiantil, más el financiamiento de la investigación que lleva a cabo autónomamente CONICYT. El canal institucional debe ser esencialmente competitivo y concursable, y accesible para instituciones estatales y privadas. Los criterios históricos con los que se asignan fondos basales debieran desaparecer progresivamente. El canal estudiantil debiera basarse en becas y créditos blandos y con cuotas contingentes al ingreso, que aseguren la libertad de elección de los estudiantes. El diseño de las ayudas estudiantiles debe combinar tres criterios: calidad de la institución, el mérito académico y la vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de nunca limitar la libertad de elegir de los estudiantes por razones de financiamiento.

Conceptualmente, la beca reconoce el mérito académico del estudiante y representa una inversión directa del Estado en su educación, en virtud del beneficio social, económico y cultural que implica una ciudadanía más educada. El crédito, por su parte, responde al hecho que el estudiante se beneficia privadamente de la formación que recibe, al ver aumentada su renta futura y al mejorar significativamente sus perspectivas laborales, y que por lo tanto es deseable que la inversión pública que el crédito subsidiado representa sea restituida en base a sus ingresos futuros. Se busca mantener un sistema de aranceles libres, basados en un sistema de acreditación y licenciamiento binario y riguroso que asegura un nivel de calidad alto, y ayudas estudiantiles que eviten que los recursos sean una limitación al momento de tomar la decisión de estudiar.

La implementación de un sistema de financiamiento de estas características requiere hacerse cargo de los instrumentos vigentes y de la planificación de una transición. Hoy existe una línea presupuestaria cuya glosa establece condiciones para el acceso gratuito de los estudiantes del 50% más vulnerable. Tanto por los problemas de diseño de la política ya mencionados, como el hecho que se haya materializado a través de la Ley de Presupuestos, hacen que la gratuidad esté lejos de ser una medida óptima, pero es necesario hacerse cargo de ella en un proceso de transición.

Marco regulatorio para asegurar la fe pública en el sistema

Respecto de la regulación de las operaciones con personas relacionadas, el propósito no es impedir estas operaciones sino (1) evitar el retiro de excedentes (2) asegurar que toda operación que implique un conflicto de interés se resuelva siempre en beneficio de la institución y del proyecto educativo. Muchas universidades en Chile poseen operaciones con algún tipo entidad relacionada, lo que en gran parte se realiza para aprovechar condiciones favorables ya sea en la calidad, disponibilidad o eficiencia. Prohibir dichas operaciones es una medida desproporcionada, dado que lo que se busca evitar es que estas operaciones se usen como una forma de retirar excedentes. Esta regulación se aplicará a las instituciones de educación superior sin fines de lucro.

Fomento de la investigación universitaria, un potencial desaprovechado

Es fundamental establecer una meta clara de largo plazo para el financiamiento público de la investigación. En Chile, la mayor parte de la investigación de alto nivel se lleva a cabo en universidades, aunque no todas reciben el financiamiento necesario para este propósito, y deben subsidiarlo mediante aranceles. Para dar un salto en investigación de vanguardia, es necesario usar la significativa capacidad instalada en las instituciones existentes. Esto implica reconocer las capacidades de investigación de las universidades privadas fuera del CRUCH, mediante un financiamiento que permita aprovechar la infraestructura y el capital humano disponible en ellas.

Conclusión

Esta propuesta busca poner a disposición del público un marco conceptual para un sistema de educación superior libre, así como proveer una visión crítica de la reforma desde una perspectiva liberal. En base a lo anterior, se sugieren cambios y modificaciones para llevar el sistema a su siguiente nivel de desarrollo, y corregir sus deficiencias actuales.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el contexto de la discusión pública actual, lo que nos motiva a hacer una propuesta es el convencimiento de que es posible y deseable hacer cambios a la educación superior dentro de los principios del sistema, sin destruir lo avanzado ni vulnerar derechos, y que permita su mejoramiento y futuro desarrollo en forma coherente con las características del país. Las condiciones de cambio estructural que se han planteado desde el debate han inmovilizado una serie de modificaciones necesarias y urgentes, bajo el pretexto de una reforma que tardó demasiado en llegar y que no le gusta a nadie. El hecho que la discusión se haya planteado así, desde el cambio radical, hace que cualquier mejoramiento sea considerado inútil o imposible, limitando lo que se puede o no discutir. Esperamos que esta propuesta sea una oportunidad para ampliar la discusión.

Ver noticia en La Segunda (página 22 y página 23).