La Segunda: Lo que la gratuidad sí puede causar; El dilema del rector Peña

• 2 de Febrero, 2018

La UDP está en un punto de inflexión: perseverar en la gratuidad y disminuir su calidad, o apartarse de ella y elitizar a sus alumnos.

Por D. Sánchez y S. Espinoza

“La universidad se ha mantenido incólume”. Las palabras del rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, resonaron con fuerza en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra en su cuenta anual, el 4 de enero, frente a autoridades, académicos y estudiantes. La gratuidad fue el tema central, y aunque reconoció haber pasado por “vicisitudes y apreturas” económicas, el mensaje fue claro: “No hemos reducido nuestra planta de académicos”.

Pero dos semanas después ocurrió un hecho inesperado, cuando, en su cuenta de Facebook, Claudia Sanhueza, docente del Instituto de Políticas Públicas y coordinadora económica de la ex candidata Beatriz Sánchez, informó que había sido desvinculada debido al cierre del instituto. Explicó que la razón del decano de la facultad de Economía y Empresas (a la cual pertenece) fue que “querían una facultad más ligada al empresariado (…) y no académicos trabajando en políticas públicas”.

Cuatro de los seis docentes que conformaban la planta fueron despedidos, entre ellos su directora.

Y al revuelo que generó este hecho en el plantel se sumó, el 24 de enero, la aprobación de la Ley de Educación Superior en el Congreso -que establece una acreditación obligatoria, un nuevo sistema de admisión, asegura la gratuidad universal y fija los aranceles- y que obligaría a la UDP a replantearse si continuar o no en esta política ante los costos que le genera.

Para los profesores ha sido un enero difícil. Así lo explica el representante en el Consejo Académico y docente de Psicología, Rodrigo De La Fabián. “Ha habido algunos despidos de funcionarios administrativos, fusión de cargos y el caso del instituto, que claramente es una consecuencia de esto: se necesitaba contratar profesores en esa facultad para áreas específicas, y como no hay plata, la única forma es desvincular para contratar. La razón de este doloroso despido, más allá de otras consideraciones, es económica”.

45% de estudiantes nuevos con gratuidad y altos aranceles

“La situación de la UDP, con la nueva ley de Educación Superior, es bastante brutal”, dice el investigador de Acción Educar, Daniel Rodríguez, organización que realizó una estimación del déficit total que tendrían 19 planteles privados adscritos a la gratuidad. El ranking es liderado por la UDP, con más de $19 mil millones, situándola por encima de la U. Autónoma ($14 mil millones), U. Finis Terrae ($11 mil millones) y la U. Católica ($6 mil millones).

Rodríguez asegura que “esto se debe a que la UDP es una universidad compleja: tiene aranceles más altos, hace investigaciones y recibe muchos estudiantes con gratuidad, por lo tanto aumenta su déficit”.

De hecho, desde la UDP estiman que este año ingrese un 45% de los estudiantes con este beneficio, mismo porcentaje de 2017. Además, asumir el costo de la diferencia entre los altos aranceles del plantel y el que subsidia el Estado es lo que agudiza su situación financiera.

El rector Peña discrepa del cálculo de Acción Educar, y explica que el monto que manejan en la institución es menor: “Si se descuentan las diversas becas que la universidad confería a estudiantes de los primeros deciles (y que ahora no debe otorgar) y el aporte estatal para investigación, se alcanza una cifra acumulada cercana a los $8.450 millones, aproximadamente, entre 2016 y 2018”.

En 2016 la UDP registró ingresos por más de $63 mil millones, según cifras del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación.

¿Giro hacia el mundo privado?

Para la UDP, la decisión de permanecer o no dentro de la gratuidad también significa poner en juego su proyecto universitario -con investigación, extensión y editorial- y su sello distintivo: ser la “más pública” entre los planteles privados. Según el SIES, en 2016 la institución tuvo una matrícula de 14.822 alumnos, que representa un 2% de la matrícula total de las universidades en Chile de ese año.

Según el académico de la Facultad de Educación, José Joaquín Brunner, “no estamos en una crisis desatada, pero estamos en un serio problema, y la mala política nos ha generado obstáculos importantes que van a hacer que la universidad entre en una suerte de crisis de calidad”. Y agrega: “Estamos sufriendo una tensión muy grande para poder restringimos sin lesionar lo esencial de la universidad”.

Peña habla de una “estricta disciplina presupuestaria”, mientras que los estudiantes, de una “política de austeridad”.

Pero hay otros temas que también preocupan a estudiantes y profesores, quienes han visto como una mala señal la crisis del Instituto de Políticas Públicas, y temen que tras el argumento del decano de Economía -que reveló Claudia Sanhueza- se abra la posibilidad de que el plantel dé un giro. “La universidad quiere apuntar a una mayor vinculación con el sector del empresariado, más que preocuparse de los temas públicos”, dice el presidente de la Federación de Estudiantes, Rodrigo Rivera.

Algo que también está pasando en la Facultad de Derecho, según cuenta uno de sus docentes, quien dice que “ha habido señales en el discurso de querer acercarse a los grandes estudios jurídicos, y se ha hablado de tratar de captar donaciones del mundo privado”. Rivera añade: “Con el cambio de decano quieren apuntar hacia el derecho privado, al derecho comercial, y eso nos tiene preocupados”.

“No es cosa de salir y entrar cuando se quiera”

Pero la posibilidad de no estar en la gratuidad es tanto más complicada que continuar en ella, ya que “esta eventual decisión de salirse choca con la realidad de esta universidad, donde el grueso de sus alumnos son personas que no podrían financiar sus estudios si no existiese un apoyo estatal”, afirma un académico de Derecho, quien pidió reserva de su nombre.

Una decisión que tiene fecha límite: según el investigador de Acción Educar, esta ley pone un plazo de 60 días, una vez promulgada, para que las instituciones adscritas a la gratuidad dejen de estarlo y, por lo tanto, queden fuera de la regulación. De hecho, según los académicos, el rector ya envió un comunicado informando que este tema se va a discutir en distintas instancias entre marzo y abril de este año.

La ley, además, determina que si una universidad se sale de la gratuidad, debe garantizar a sus alumnos que tienen el beneficio que lo mantendrán, explica el economista y académico de la UC Carlos Williamson. “Se establece una especie de transición, pero me parece que esta salida es casi sin retorno: para volver un plantel tiene que esperar 5 años. Hay un costo de la salida que no deja de ser significativo; por lo tanto, no es cosa de salir y entrar cuando se quiera”, explica.

Además, la posibilidad de restarse del beneficio estatal traería, también, grandes costos para el plantel, que se caracteriza por ser “selectivo, pero plural”, según De La Fabián. “Tal como está la ley, se ve muy difícil poder congeniar la gratuidad con este proyecto, porque significaría lesionarlo severamente, obligándonos a transformarnos en una universidad docente”, afirma.

Y explica que esta posible decisión implicaría “elitizar a nuestros estudiantes y que seamos menos atractivos para buenos alumnos, porque tienen que pagar. Son costos importantes, pero, por otra parte, entrar a la gratuidad en estas condiciones puede significar despidos”.

 

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