La Segunda: Los criterios para fijar aranceles en Ues: calidad y perfil del estudiante
Por J. Henríquez
Un nuevo sistema que incluya un “componente base” y uno “variable” para fijar los aranceles universitarios. Un “componente base” que sea común a un conjunto de instituciones, grupos de carrera y programas. Y uno “variable” asociado a la calidad de la carrera, la localización y el perfil del estudiante que reciben las instituciones en cada período.
Eso es lo que está pensando el Gobierno a la hora de diseñar el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior chilena, que quedará plasmado en un proyecto de ley comprometido para ingresar al Congreso a fines del segundo semestre.
La fijación de aranceles es uno de los requisitos -junto a otros cuatro- que pedirá el Gobierno para aplicar la gratuidad en los planteles de educación superior, tal como lo dice el programa de gobierno.
Las otras condiciones son que el plantel esté acreditado, no tenga lucro, que un 20% de la matrícula por carrera sea para alumnos del 40% más pobre y que implemente programas de reforzamiento para estudiantes vulnerables.
Todo ello en el marco de un nuevo sistema de financiamiento público que financiará a las instituciones según la misión, desarrollo y calidad que tengan (ver recuadro).
Arancel de referencia
Según las últimas cifras disponibles, actualmente existen casi 12 mil programas distintos sólo en pregrado, cada uno con su propio arancel. A ellos se suman los aranceles de referencia, que son los montos fijados por el Estado -por cada carrera e institución- para entregar becas y créditos a los estudiantes.
¿Cómo se hará la fijación de aranceles?
En el Ministerio de Educación señalan que aún no hay definiciones oficiales.
Lo que sí está claro es que habrá un nuevo sistema de cálculo -y aportes estatales- a los costos de formación de profesionales.
“Una porción del aporte público estará asociado al financiamiento de la docencia, materializando la gratuidad de la educación superior”, dice un documento de trabajo de esa cartera.
La idea sería que los nuevos aranceles financien sólo la docencia que se entrega al alumno y no -como ocurre actualmente- actividades adicionales de los planteles, que van desde investigación hasta actividades culturales.
“El cálculo de los aportes a la formación será definido mediante un nuevo sistema que incluya un componente base y componentes variables”, agrega el documento que también señala que será el Mineduc quien propondrá el modelo de cálculo, “siendo validado por un panel de expertos permanente que asegurará su revisión y actualización constantes”.
Una de las posibilidades es comenzar a trabajar sobre la base de los actuales aranceles de referencia, que deberían ser modificados. Algunas luces en torno a eso entregó el ministro Eyzaguirre la semana pasada cuando dijo en Talca que para acceder a la gratuidad, las instituciones sólo podrán cobrar el arancel de referencia fijado por el Mineduc y no podrán incurrir en cobros extras a las familias.
“Sincerar los costos”
“No es fácil lo que viene” advierte el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Juan Manuel Zolezzi, quien dice que “es básico sincerar los costos, ya que todos sabemos que lo que pagan los alumnos por arancel financia bastante más que la docencia que reciben”.
Por ejemplo, las universidades que hacen investigación financian gran parte de ella por esta vía, “otras universidades hacen extensión de manera muy fuerte y también están las que lucran, aunque por ley no se pueda. Todo eso es a costa de los aranceles que pagan los alumnos”.
-¿Cuánto del arancel financia la docencia que recibe el alumno?
-Es difícil dar una cifra exacta, pero podría ser en torno al 60%. Es importante separar la docencia del resto de las funciones universitarias y que esas otras funciones tengan financiamiento asegurado por otra vía.
Clasificar universidades
El punto es compartido por el investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) de la Universidad Católica, Carlos Williamson, quien fue vicerrector económico y prorrector de la U. Católica. “En los planteles que hacen investigación avanzada los aranceles financian cerca de un 30% de la investigación”, dice.
Y agrega que “las universidades privadas también cobran por encima del costo real de las carreras, y la gran mayoría no hace investigación, lo que supone que hay un margen de utilidad para el plantel que paga el alumno”.
Por eso, sostiene, “hay que hacer las distinciones necesarias en todo el sistema, aunque fijar aranceles supone una compleja tarea que implica clasificar las universidades de acuerdo a las características y complejidad de sus carreras”.
A su juicio “es tan inabordable partir de cero en esto, que se debieran considerar como base los aranceles de referencia actuales para que expertos internacionales reclasifiquen las carreras porque el sistema chileno es demasiado heterogéneo”.
“Los riesgos son enormes”
El economista e investigador en Educación de la UC Ricardo Paredes advierte que “los riesgos de una mala fijación de aranceles son enormes”.
A su juicio, si las cosas no se hacen bien “podría afectar la matrícula, la investigación y dejar al país en una situación de injusticia mayor donde los ricos (con altos puntajes de ingreso) asistan a universidades elitistas y gratuitas, y la clase media deba pagar por asistir a universidades que cobran”.
Y alerta: “La dificultad para fijar el precio del agua es enorme, donde el bien y su calidad está precisamente definido. En el caso de las universidades, la dificultad es precisar y la posibilidad de errar se multiplica por un millón”.
-¿Cómo debiera hacerse?
-El jefe de Educación Superior ha adelantado que visualiza la fijación de ese aporte en base de criterios de costos. A mi juicio, los criterios deben ser por carrera, considerar la complejidad de la institución, la vulnerabilidad de los estudiantes y el ingreso (posterior) que puedan generar.
“Es grave”
Para el director de “AccionEducar”, Raúl Figueroa (quien fuera asesor del Mineduc en el gobierno anterior), “la fijación de aranceles es grave”.
Explica que “con este sistema, el alumno para lograr ayuda estudiantil deberá necesariamente estudiar en planteles que suscriban los convenios con el Estado y se dejen fijar precios. Eso restringe la libertad de elección de los estudiantes”.
Además, dice, “se fija implícitamente el modelo educativo que las instituciones podrán desarrollar en cada carrera, ya que se le pone un techo de financiamiento”. Y advierte que “no será fácil implementarlo” porque también requerirá tener claro el nuevo sistema de acreditación -del cual aún no se conocen los detalles- y sistemas de fiscalización efectivos que suponen el funcionamiento de una Superintendencia de Educación Superior. Todo, considerando que la apuesta de la Presidenta Bachelet es que el 2016 la gratuidad ya esté funcionando.
El financiamiento que viene
El Mineduc propondrá un modelo de financiamiento donde los recursos que entregue el Estado permitan a los planteles aportar al desarrollo del país tanto en docencia, investigación e innovación.
“Este modelo distinguirá entre instituciones de diferente tipo (técnico-profesionales) y naturaleza (estatales, privadas, con financiamiento público y privadas)”, dice el documento base para los Diálogos Temáticos que está implementando el Gobierno.
Para ello habrá un “financiamiento basal” para docencia, investigación e innovación que “estará disponible en primer lugar para instituciones del Estado y, luego, para las de naturaleza privada “que se ajusten al sistema público de educación superior asumiendo compromisos explícitos de inclusión en sus estudiantes, producción científica para el desarrollo del país y sujeción a los costos de docencia regulados”.
¿Cómo se entregarán estos dineros? Mediante convenios con las instituciones.
Pero además, los planteles seguirán contando con fondos competitivos para la investigación (Fondecyt, Fondef), que “estarán disponibles para todas las instituciones que certifiquen niveles de calidad adecuados respecto de sus capacidades de investigación e innovación”.
A ello se sumarán fondos basales específicos para universidades estatales (nacionales y regionales) que se asignarán mediante convenios que aseguren plazos según el compromiso que se establezca. Pero para eso, esas casas de estudio deberán tener un nuevo modelo de gobierno universitario que garantice la “adecuada participación de la comunidad universitaria”.
