La Segunda: Nuevo lío en Presupuesto de Educación, ahora por el Aporte Fiscal Indirecto

• 16 de Octubre, 2017

Glosa contempla un millón de pesos a repartir, mientras se tramita un proyecto que lo elimina y que debiera aprobarse antes de fin de año.

Por J. Henríquez

Los cuestionamientos al Presupuesto de Educación para el próximo año —que hoy comenzó a ser analizado en la Cuarta Subcomisión Mixta en el Senado— están lejos de aplacarse.
A la polémica que provocó la decisión del gobierno de congelar el aumento de la subvención de gratuidad a los colegios que terminaron con el sistema de financiamiento compartido (la Ley de Inclusión establece aumentarla de $8.393 por alumno al mes a $10.791 para compensar a los establecimientos que dejarían de percibir los pagos que estaban haciendo las familias) ahora se suma la glosa del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Ello porque ese ítem considera como fondo total un millón de pesos para el año entrante. Si se aprueba tal como está propuesto, y esos dineros se distribuyen con criterios históricos, 54 planteles de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) recibirían menos de mil pesos el 2018 por este concepto según calcula AccionEducar (ver tabla).

Proyecto en trámite

El punto es que esto ocurre mientras está en trámite un proyecto de ley que elimina el AH, que se creó en 1981 para promover el desarrollo de los planteles que matricularan a los 27.500 mejores puntajes PSU, y para eso se distribuían más de 20 mil millones al año (ver gráfico).

Y aunque hace 15 años comenzó a ser cuestionado técnicamente por regresivo —ya que premiaba a los alumnos con buenos puntajes, que a la vez eran los que tenían más recursos monetarios y culturales (39% provenía de colegios pagados y 25% pertenece al quintil más alto)— en 2016 en el Parlamento se decidió reducirlo en miras de su eliminación total.

Ese año los recursos para este ítem cayeron a la mitad (para redestinarlo a gratuidad universitaria) y el año pasado fueron eliminados totalmente del presupuesto, afectando a varios planteles privados ya que el gobierno había comprometió que esa reducción se entregaría íntegramente por otros mecanismos a todas las universidades del Consejo de Rectores. Ello solo ocurrió con las universidades del Estado.

En enero la Universidad Católica —que dejó de recibir $1.700 millones—demandó al Estado por no cumplir con la ley que obliga asignar recursos a ese ítem (el AFI es parte de una ley permanente). Y tras meses de negociaciones, llegaron a un acuerdo para retirar la demanda: tramitar un proyecto de ley que entrega por última vez un AFI de $2 mil millones para todos los planteles, y a la vez lo elimina.

El proyecto ya fue ingresado al Congreso, pero está a la espera de su aprobación. Mientras ello no ocurra, la glosa no puede quedar sin financiamiento, ya que podría provocar una nueva demanda.
“Entiendo que se puso ese monto de forma simbólica, solo para cumplir la norma, porque debe ser derogado antes de fin de año, ese es el compromiso. Pero esto muestra claramente que el gobierno se equivocó el año pasado al no asignarle recursos a esa glosa”, dice el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.

Su colega de la U. Católica, Ignacio Sánchez, agrega que “se supone que el tema se solucionará entre noviembre y diciembre con la tramitación del proyecto de ley, entiendo que esa es la apuesta del gobierno (…) Me han dicho desde el Mineduc que el proyecto no ha avanzado más en su tramitación no por falta de apoyo, sino por falta de espacio legislativo”.