U. de los Andes, UAI, UDP, entre otras, podrían entrar aunque “la ley no define si tendrían aporte fiscal”.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior, el martes de la semana pasada, por primera vez universidades privadas podrían ingresar al Consejo de Rectores de Universidades (CRUCh), asociación que reúne a 27 planteles estatales y públicas no estatales del país. Una posibilidad histórica, considerando que desde 1993 que un plantel no ingresaba a este grupo, con excepción de la U. de Aysén y de O’Higgins, que fueron creadas por ley en 2016.
De acuerdo a una estimación de la fundación Acción Educar, seis planteles cumplen con los requisitos establecidos por ley para solicitar el ingreso a esta organización: U. de los Andes, U. Adolfo Ibáñez, U. Andrés Bello, U. del Desarrollo, U. Diego Portales y U. Alberto Hurtado.
El director ejecutivo de la fundación, Daniel Rodríguez, asegura que dentro de los 10 requisitos que establece la legislación hay “variables objetivas y de público conocimiento, como la acreditación y los años de autonomía; y otras más específicas, como el trabajo en red y la carrera académica”. Por esto, dice, estos planteles podrían ser parte del CRUCh “siempre y cuando ellos quisieran y según la información pública que se conoce de cada institución”.
Asegura, además que este es “uno de los cambios más significativos de la nueva ley, ya que el Consejo de Rectores es un grupo históricamente cerrado, que protege intereses corporativos y además recibe un financiamiento privilegiado, el famoso aporte fiscal directo, que no percibe ninguna universidad fuera del CRUCh”.
Si bien pertenecer a este grupo -que es “una instancia de representación”- permitiría a estas instituciones “estar en las discusiones y defender sus intereses”, el director ejecutivo asegura que la ley no especifica ningún beneficio para estas nuevas universidades que se podrían incorporar al Consejo de Rectores. “La ley no define que los planteles que entren al CRUCh tendrían aporte fiscal. Lo que define es la posibilidad de entrar. Podría darse que una universidad postulara, entrara, se hiciera el decreto de ingreso, pero no necesariamente se le asigne un aporte fiscal”, afirma Rodríguez, y puntualiza que no existe una garantía de recibir este beneficio, ya que se tendría que modificar el decreto de ley que entrega este tipo de recursos. “Hay un enredo porque muchas universidades podrían creer que al entrar a este grupo podrían acceder a este privilegio, pero no está claro, ahí hay un vacío”, añade.
Aún así, pertenecer al Consejo de Rectores, dice Rodríguez, se ha asociado a planteles de calidad. “Una universidad que está en el CRUCh es mejor a una que no lo está, por una cosa de percepción. Entonces, es muy posible que estas universidades vean con muy buenos ojos pertenecer al CRUCh”, asegura.