La Segunda: Según estudio de Acción Educar sobre gratuidad; UDP, U. Autónoma y U. Finis Terrae tendrán mayor déficit

• 6 de Febrero, 2018

Rectores afirman que esta política “es la causal de la merma financiera” de varios planteles adscritos.

Por D. Sánchez

Con un déficit de más de $19 mil millones, la Universidad Diego Portales (UDP) lidera el ranking elaborado por la fundación Acción Educar, en el que estimaron el déficit total que tendrían 19 planteles adscritos a la gratuidad, debido a la implementación de la nueva Ley de Educación Superior.

Según el estudio, entre las universidades con mayor deuda aparece la U. Autónoma ($14 mil millones), seguida por U. Finis Terrae (11 mil millones), la U. Católica (6 mil millones), y la U. Alberto Hurtado ($5 mil millones); mientras que aquellas con menor déficit son la U. de O’higgins ($163 millones), UC del Maule ($309 millones) y el Instituto Profesional Arcos ($753 millones).

En el cálculo, la organización consideró el déficit que generaron las glosas presupuestarias de 2016 y 2017, y la proyección para 2018, que incluye los costos que significaría la gratuidad al 60% y la regulación de los aranceles para el séptimo, octavo y noveno decil.

Esto significa que los jóvenes que se encuentren en los deciles más altos también serán beneficiados por esta política: para los que estén el séptimo decil, los planteles podrán cobrar un 40% más del precio establecido; para el octavo y noveno será un 60% más; mientras que para el décimo decil se podrá cobrar un monto definido libremente por los planteles.

Esta fijación de aranceles por parte del Estado se convierte en un problema para los planteles ya que estos “no recibirán una transferencia estatal, por lo que las universidades adscritas a la gratuidad ya no tendrán la libertad de establecer ese valor como quieran”, asegura el investigador de Acción Educar, Daniel Rodríguez.

Lo que pone en riesgo el desarrollo de los proyectos educativos y hace menos atractivo el ingreso de estudiantes de los deciles más bajos, ya que significarían “una pérdida económica”. Rodríguez añade: “Los planteles van a tener alumnos de primera, segunda y tercera clase: aquellos que les causan pérdidas, y los que producen ingresos. La gratuidad hace menos deseables a los alumnos más vulnerables porque hace que sea una pérdida económica, justo cuando la política debiera hacerlos doblemente atractivos”.

Autonomía universitaria

Establecer un “techo” a los montos que los planteles pueden cobrar, significa “fijar el grado de desarrollo al cual pueden llegar”, señala Rodríguez, ya que por el déficit financiero estarían obligados a restringir sus proyectos educacionales.

Así afirma el rector de la U. Autónoma, Teodoro Ribera: “El Estado debe fijar un arancel para alumnos que acceden a gratuidad, pero no obligar a los planteles a recibir a todos los postulantes gratuitamente. Esto afecta a la autonomía universitaria, genera dependencia con las arcas fiscales y debilita la capacidad de desarrollo de las universidades”.

El rector no hizo mención al déficit del plantel, pero afirmó que, a pesar de que “la política de gratuidad va a obligar a las instituciones a realizar ajustes internos para poder mantener sus proyectos de desarrollo, en el caso de la U. Autónoma tenemos un patrimonio significativo que nos permite postergar estas ecuaciones esperando que se flexibilicen las normas y eliminen aquellas que son absurdas”.

U. Finis Terrae: Brecha puede llegar a $5 mil millones

Para el rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer, “esta política desprolija y fundada en aranceles regulados incorrectos es la causal de la merma financiera que han experimentado todos los planteles que adscribieron a la gratuidad, al igual que nosotros”. Por esto, informa que “hoy la gratuidad nos supone una brecha de aranceles de $3.860 millones, la que se reduciría a $2.960 millones si recibimos el Fondo de Investigación que la glosa establece para las universidades privadas adscritas a la gratuidad”.

Mientras que para este año estiman que un 52% de los estudiantes serán beneficiados con gratuidad “por lo que la brecha total puede llegar a $5.330 millones”. El rector puntualiza que “hemos trabajado para que esta brecha no se transforme en déficit, lo que ha significado, por ejemplo, postergar proyectos de desarrollo en materia de infraestructura y reestructuraciones administrativas”.

En el caso de la U. Alberto Hurtado, su rector, Eduardo Silva, informó que “según nuestro cálculo tenemos poco menos de $2 mil millones de déficit que se subsana con el aporte compensatorio a la investigación, que contempla la ley para las universidades adscritas, y que hace que el déficit se reduzca a $800 millones”.

Para 2018, Silva estima que el déficit aumentará en un 40%, aunque precisa que este escenario “es más complicado para planteles con aranceles altos y carreras complejas, como Medicina u Odontología pero nosotros, por tener carreras de humanidades, no nos golpea tanto”.

 

Ver noticia en La Segunda.