La Tercera: AFI; demanda de la UC abre debate sobre constitucionalidad

• 6 de Enero, 2017

Presentación critica fin del aporte por mejores puntajes PSU. Otros planteles estudiarán sumarse a acción.

Por F. Guzmán y M. Bustos

En noviembre, en la discusión del Presupuesto 2017, el Ejecutivo eliminó los fondos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI, que se da por los 27.500 mejores puntajes PSU) y redistribuyó los recursos en el Cruch en base a dos criterios: que el plantel sea estatal o regional.

Con ello, la U. Católica perdió los recursos que recibía por AFI y ayer anunció una demanda contra el Estado que busca que se determine si es legal eliminar el aporte. Según el rector, Ignacio Sánchez, las pérdidas para la UC ascienden a $ 1.700 millones. “Lo más importante es destacar que se está incumpliendo la legislación vigente. El Estado tiene que asegurar el cumplimiento de la ley”, argumentó.

Pero ¿qué es lo que estaría pasando a llevar la eliminación del AFI? Para el asesor legislativo de Libertad y Desarrollo, Jorge Avilés, hay una ilegalidad evidente y podría existir riesgo constitucional.

Avilés dijo que “hay una discriminación arbitraria, porque los recursos del AFI por ley deberían ir a todos los planteles, pero el gobierno estimó no hacerlo. Hay discriminación también a los alumnos, porque los recursos sólo se asignarán si va a un tipo de plantel”. Advirtió que la Ley de Presupuestos no puede modificar una norma permanente: “Se podría aumentar o bajar los recursos del AFI, pero no eliminarlos”.

Coincide con esto Raúl Figueroa, director de Acción Educar. “El Ejecutivo antes había rebajado el AFI a la mitad, pero ahora dejó de asignar los recursos y eso es un incumplimiento flagrante a una ley permanente. Mientras no se derogue la ley del AFI, el Estado tiene la obligación de asignar recursos”, señaló. “No es que se haya hecho algo contrario a la Constitución, sino que el gobierno dejó de cumplir con una obligación que la ley establece. Desde ese punto de vista, ese incumplimiento puede tener consecuencias e incluso se podría acusar constitucionalmente a los ministros responsables”, añadió.

Evalúan sumarse

Desde la U. del Desarrollo, el rector Federico Valdés dijo que “la demanda tiene asidero. Nosotros hemos analizado el tema y no nos cerramos a la posibilidad de sumarnos”. Andrés Benítez, rector de la U. Adolfo Ibáñez, señaló que “apoyamos en principios la presentación de la UC, pero tenemos que estudiar su demanda para ver qué vamos a hacer”. En tanto, los planteles no estatales del Cruch (G9) apoyan la causa de la UC, aunque cada plantel decidirá si se suma a la demanda.

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