Después de que los parlamentarios aprobaran, dentro de la partida de presupuesto para Educación, la indicación que pone fin a la entrega detallada de los resultados Simce y que busca evitar la publicación de ranking de colegios, la Agencia de Calidad de la Educación, organismo a cargo de la prueba, se mostró a favor de la normativa.
El secretario ejecutivo, Carlos Henríquez, explica que “compartimos cualquier iniciativa que evite la estigmatización de las escuelas. Creemos firmemente que las evaluaciones son un instrumento valioso en la medida de que sus resultados retroalimenten las acciones pedagógicas (…). Comparar establecimientos con diferentes características no aporta a mejorar la calidad de la educación”.
¿Cuál será el ajuste que tendrá que hacer la Agencia? A juicio de Henríquez, no se podrán “divulgar públicamente los resultados de cada establecimiento, pero tendremos que entregarlos a cada escuela, de manera privada” Con esto, refuerza, se modificará entonces “la manera en que publicamos los resultados”.
Sin embargo, una vez que los colegios conozcan los resultados en detalle del Simce, sí podrán utilizarlos, por ejemplo, para publicitar al recinto.
La modificación se da en paralelo a la comisión Simce, que se creó a principios de año y por encargo de la subsecretaria, Valentina Quiroga. La instancia tiene como objetivo entregar un plan para mejorar el test, el que será entregado a mediados de diciembre y apuntará a reducir el número de pruebas a nivel nacional, por ejemplo.
Reparos
Desde la fundación Acción Educar ven con preocupación la normativa aprobada por el Congreso. El director ejecutivo del organismo y ex asesor del gobierno pasado, Raúl Figueroa, señaló que lo que hace la indicación “es ponerle una gran restricción a la operación del sistema del aseguramiento de la calidad e impedir que las familias tenga la información necesaria para tomar mejores decisiones en la elección de establecimientos para sus hijos. Parece un error”.
Además, aclara el experto, desde el punto de vista jurídico tiene graves falencias que podrían caer en lo inconstitucional. “La Ley General de Educación (LGE) establece la obligación de entregar los resultados Simce a nivel nacional y por colegio. Lo que hace esta norma es modificar esa obligación y por lo tanto tendría que haberse aprobado, entendiendo que es una norma de quórum de Ley Orgánica Constitucional, con una mayor cantidad de votos”, dice Figueroa.