El año pasado, 96 instituciones de educación superior tuvieron alumnos beneficiados con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que fue entregado a 94.750 nuevos estudiantes, 6.507 más que en 2014. Esta cifra de la Comisión Ingresa -entidad encargada de esta ayuda fiscal- representa el 7,3% de incremento. En tanto, el monto total solicitado por los planteles superó los $ 132 mil millones, lo que muestra un crecimiento de 6,3% en comparación a 2014.
Estos fondos se definen en función de los estudiantes que solicitan el beneficio y del cálculo de un porcentaje de cobertura del arancel de referencia, el que es establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc).
El presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica (Feuc), Daniel Gedda, afirmó que estas cifras “visibilizan la crisis que tenemos en el sistema de educación superior, donde siguen aumentando estos créditos que han endeudado a miles de familias”.
Desde la Comisión Ingresa explicaron que el alza del 7% en el número de beneficiados se debe, por un lado, al incremento de un 4% en el número total de postulantes al sistema de crédito, así como el mismo porcentaje de crecimiento en el total de postulantes elegibles, es decir, aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 20.027 para acceder al CAE. Además, aumentó 6% el total de alumnos preseleccionados con crédito, que finalmente concretaron su asignación con la matrícula en alguna de las instituciones del sistema. Lo anterior implica pasar de 135.539 seleccionados en 2014 a 143.488, en 2015.
Desde el Mineduc indicaron que no se referirán a estas cifras y tampoco al futuro que podría tener el CAE con la reforma a la educación superior.
El dirigente de la Feuc añadió que “cuando tengamos una verdadera gratuidad podremos dejar de lado este sistema de crédito. Lo que ha hecho el gobierno para 2016 es un nuevo sistema de voucher y no una gratuidad efectiva, porque no se trata como un derecho social para todos”.
El académico de la U. de Santiago, Francisco Javier Gil, planteó que las cifras muestran que entre los años 2012 y 2015 el Estado prestó un total de $ 505.956 millones mediante el Crédito con Aval del Estado. “Considerando que la morosidad del CAE es de 36% , aproximadamente $ 182.144 millones del CAE corren el serio riego de llegar a ser incobrables”, sostuvo.
Además, planteó que “estas cifras son otra demostración de cuan erróneo es reducir el mérito académico a ciertos puntajes PSU. En efecto, el único requisito académico exigido para acceder al CAE es tener 500 o más puntos en la PSU de lenguaje y matemática, sin importar si el estudiante egreso con el promedio de notas más alta de su colegio -puntaje ranking 850- o el más bajo”.
Esto implica, dijo, que actualmente no se considera “si el postulante tiene la motivación, facilidad y gusto necesarios para estudiar día a día durante años, hasta titularse”. Por esto, Gil opinó que “urge que el Estado informe cuál será el mínimo académico que Chile exigirá para acceder a la gratuidad en la educación superior”.
Para el ex ministro de Educación, Sergio Bitar, lo que debiera hacer el Ejecutivo es establecer un mecanismo para ir pasando los créditos -tanto el CAE como el Fondo Solidario- al Estado. “Debería quedar a cargo de la Comisión Ingresa el cobro de los créditos y la entrega de estos debiera pasar a manos de la Tesorería General de la República con una transición utilizando el Banco Estado”, afirmó Bitar.
A juicio del militante del PPD, la gratuidad no tendría un efecto inmediato en la disminución de los préstamos porque “según mis cálculos vamos a llegar al 50% más vulnerable en 2018 y esto va a significar que tendremos cobertura en el 30% o 35% de todos los estudiantes de la educación superior y va a quedar un alto porcentaje que va a requerir financiamiento”.
Los mayores montos solicitados por alumno están en la U. de Chile ($ 2.438.598), la U. de los Andes ($ 2.364.786), Escuela Naval ($ 2.352.052) y la U. Católica ($ 2.311.211). En tanto, el plantel con más beneficiados es la U. Andrés Bello.
El vicerrector académico de esa universidad, Juan Antonio Rock, explicó que “nosotros tenemos la mayor matrícula del país y gran cantidad de nuestros alumnos son de sectores vulnerables por lo que necesitan becas y crédito para financiar sus estudios”.
¿Fin del CAE?
En los borradores de la reforma -que se han entregado a estudiantes, rectores y parlamentarios- se deroga la Ley 20.027, que creó el CAE en 2005, y también la Ley 19.287 del crédito fiscal. Y se propone la instalación de un nuevo sistema crediticio para quienes estén en los deciles más altos de ingreso y que no puedan acceder a la gratuidad.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Acción Educar, Raúl Figueroa, planteó que “de acuerdo a los planes del Ejecutivo, el CAE se eliminaría y todo el financiamiento público estaría destinado exclusivamente a las instituciones que adhieran a la gratuidad lo que sería un error”. Esto, dijo, porque “los alumnos vulnerables que quieran estudiar en otras instituciones quedarían sin financiamiento público y se coartaría la libertad de elegir una carrera y una institución”.
Rock añadió que “nos parece pésimo que se piense eliminar el CAE porque no nos permitiría continuar con nuestra labor inclusiva”.
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