En 2011 se aprobó la Ley de Aseguramiento de la Calidad que, entre otras cosas, fijó estándares de desempeño para los colegios, basados en los resultados de las pruebas Simce y otros factores. La normativa vigente contempla, además, que se realizará una clasificación de los colegios que reciben subvención del Estado en cuatro categorías: alto, medio, medio bajo e insuficiente.
A partir de este año, la Agencia de Calidad de la Educación comenzó a operar dicho ordenamiento, que por ahora está en marcha blanca debido a las implicancias que tiene para los establecimientos. Sin embargo, a partir de 2016 entrará en vigencia y una de las principales consecuencias que sumará es que aquellos colegios que por cuatro años consecutivos no mejoren sus resultados y se mantenga en la peor categoría, serán obligados a cerrar.
La última clasificación realizada por la Agencia de Calidad, que analizó a un total de 5.473 recintos que ofrecen educación básica en el país, detectó que 691 establecimientos (13%) partirían la nueva clasificación el próximo año en el nivel insuficiente.
El secretario ejecutivo de la Agencia, Carlos Henríquez, señaló que antes de llegar a cerrar un recinto, “esperamos que el foco del sistema de aseguramiento esté en el aula, en mejorar la calidad y en como implementamos acciones en esa dirección. Los colegios con categoría insuficiente serán el esfuerzo de la política pública. La prioridad para avanzar en calidad”.
Para la ministra de Educación, Adriana Delpiano, estos 691 colegios son una tarea para el Estado. “Para eso existe el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que es la superintendencia, la Agencia de la Calidad y el ministerio, que deben hacerse cargo de los apoyos para esos colegios en nivel insuficiente. Tenemos que levantarlos a todos”.
En tanto, otros 1.532 recintos se ubicaron en el nivel medio bajo, 2.596 en el medio y 654 en el alto.
Para el director de Acción Educar y ex asesor del gobierno pasado, Raúl Figueroa, las cifras muestran “la realidad del sistema educacional y desde ese punto de vista tiene dos lecturas. Una, es que el grueso de los colegios no los están haciendo tan mal como parece. Y dos, que los recintos con mal desempeño tendrán una fuerte presión para que rindan una adecuada cuenta de cómo están funcionando. Es importante que las familias conozcan la realidad de esos colegios, para que también puedan presionar por una mayor calidad”.
El reordenamiento de establecimientos educacionales es una política que deberá trabajar de la mano con la futura ley que traspasará los colegios municipales a la administración central del Estado, a través de 67 servicios locales de educación.
La propuesta pretende minorizar las consecuencias de cierre en los colegios públicos y establece que ante situaciones de desempeño insuficiente, superior a los plazos de recuperación, se procederá a una reestructuración de los recintos educacionales públicos en dicha situación, que puede configurar una causal de salida del director ejecutivo del servicio correspondiente.
Para el director del Mide UC, Jorge Manzi, el cambio es favorable para el sistema educacional. “Cuando se detecte que una escuela tiene problemas, se le debe apoyar para que mejore, y si un apoyo normal no da frutos, se tendrá que buscar una solución más drástica, pero que ojalá no tengamos que llegar a hacer un castigo. La amenaza de cierre no es una señal adecuada”, indicó.
Henríquez explicó que la “ley actual plantea como consecuencia extrema y en el caso de que no muestre mejora en un período de cuatro años la posibilidad de cierre, y es lo que hoy día rige. El proyecto de Nueva Educación Pública entra en discusión con esto”.
Según Henríquez, a finales de este mes, se les entregará a los colegios de manera privada el detalle de la clasificación. “Los recintos conocerán de manera reservada su desempeño y clasificación. La idea es que con la información puedan implementar planes de mejora”.
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