La Tercera: Colegios expulsaron a 745 estudiantes en el último año

• 26 de Octubre, 2018

La cifra contempla la salida inmediata de escolares y la cancelación de matrículas. Expertos difieren sobre la utilidad del proyecto de Aula Segura y el uso de reglamentos.

Por C. Said

Los cambios que aplicó el Senado al proyecto de ley Aula Segura faculta a los directores de colegios a iniciar un proceso sancionatorio -que no siempre será la expulsión- a los alumnos u otros miembros de la comunidad escolar que cometan cualquier tipo de violencia en los establecimientos.

Y si bien no se sabe en cuántos casos se podría aplicar la expulsión, ya los colegios ejercen esta atribución.

Según cifras de la Superintendencia de Educación, en los últimos 12 meses los establecimientos han echado a 745 estudiantes, entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrículas, que se producen al término del año escolar. Es decir, en promedio, los colegios sacan de sus aulas a seis alumnos por semana.

De estos casos, el 49% ocurrió por agresiones de esos estudiantes contra sus compañeros, mientras que solo el 14% correspondió a violencia contra docentes o asistentes de la educación, o contra docentes y otros alumnos a la vez. Y el 37% fue por otros motivos de gravedad, entre los que se cuentan el porte de armas y consumo o tráfico de drogas.

Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020, dice que estas cifras “nos muestran que la violencia escolar es un problema y que es multidimensional. La evidencia muestra que para abordar esto se necesitan programas que contemplen a los distintos actores”.

“Estos datos fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar”, agrega la experta, quien resalta que tras su paso por el Senado, el proyecto obligue a que todos los colegios “actualicen sus reglamentos, lo que vuelve a posicionarlos como el instrumento que rige las normas y se define de manera participativa”.

En cambio, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Ignacio Illanes, plantea que sí era necesario sopesar la gravedad de algunos hechos de violencia, y no solo mirar su escasa cantidad, pues esos episodios “han empezado a repetirse y perturban muy seriamente la vida escolar. Sin duda, es necesaria una señal política y legal contra la violencia, que devuelva mayor autoridad a los directores y que acote las expresiones estudiantiles a márgenes razonables”.

A juicio de Illanes, las leyes no pueden resolver todos los aspectos de la convivencia escolar. “Hay que dejar espacio a las reglamentaciones internas, para que reflejen los diferentes sellos educativos. Por eso, entiendo que las autoridades hayan querido acotar la discusión a un punto específico y crítico: los hechos de violencia grave, que no son aceptables en ningún colegio”, dice.

Casos excepcionales

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, concuerda con el decano en que era necesario abordar los casos de violencia, por escasos que fueran. “Las cifras muestran que se trata de un fenómeno marginal, es decir, son pocas las expulsiones en comparación al volumen del sistema, que tiene 3,5 millones de estudiantes. Y eso indica que, tal como planteó el gobierno siempre, esto es una medida extrema, no para aplicarse masivamente”, explica.

A juicio del experto, la versión original de Aula Segura estaba bien enfocada, pues apuntaba a “casos excepcionales incluso dentro de lo excepcional, lo que justificaba medidas bastante más duras que estuvieran en la ley”.

Una opinión distinta tiene Fabián Guajardo, investigador de la Fundación Nodo XXI, quien afirma que las cifras “demuestran el carácter de show que tuvo el punitivismo mediático que impulsó el gobierno, porque coincide con lo que dicen otros sectores, de que la violencia va más allá de los casos que contemplaba Aula Segura, que eran marginales respecto de la violencia global en el sistema”.

Y para avanzar en mejorar la convivencia, Guajardo agrega que es necesario rediscutir los reglamentos internos para “contemplar los distintos aspectos de violencia que sí se han identificado en los colegios, como los desencuentros entre estudiantes y los conflictos que existen entre docentes y apoderados, que no tienen forma de mediación y terminan en agresiones”.

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