La Tercera: Administrador provisional: las dudas del proyecto que se vota hoy en la Comisión de Educación de la Cámara
Por G. Moreno
Durante el día ayer se realizó una nueva sesión de laComisión de Educación de la Cámara, cita especial que se extendió por más de cinco horas y que tuvo por objetivo continuar la discusión respecto al proyecto de ley que crea unadministrador provisional y administrador de cierre en las instituciones de Educación Superior, calificado con “suma” urgencia, y que será votado durante este día.
Pese a que la instancia del día de ayer contó con la participación de diversas figuras del ámbito educacional, como el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, rectores de universidades estatales, tradicionales y privadas, fundaciones y representantes del movimiento estudiandil, aún se mantienen ciertas dudas respecto al proyecto.
Ante esto, La Tercera conversó y reunió las opiniones e interrogantes de distintos expertos y actores de la educación en relación a la iniciativa que se traduce también en la primera propuesta en el marco de la Reforma Educacional en ingresar al Congreso.
RAÚL FIGUEROA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN EDUCAR
“El tema de fondo es que se requiere de un marco normativo preciso para las instituciones de educación superior, atribuciones concretas para que los órganos del Estado puedan fiscalizar y sanciones graduales en la medida que las instituciones infrinjan ese marco normativo. Ninguna de esas cosas hoy existe y el proyecto que se propone en vez de dar certezas al sistema, profundiza las incertidumbres”, sostuvo a La Tercera el ejecutivo de la Fundación Acción Educar, Raúl Figueroa.
Asimismo, el investigador plantea que el rol fiscalizador lo debiera tener la Superintendencia de Educación Superior, proyecto que será enviado durante los cien primeros días de gobierno, según ha manifestado el ministro de Educación. En la misma línea, Raúl Figueroa señaló que es necesario establecer un marco de sanciones graduales para las instituciones que presenten situaciones irregulares, previo a la intervención por parte del Estado.
Otro punto que preocupa al ejecutivo de Acción Educar, y que se discutió también ayer durante la sesión de la comisión al cual fue invitado a exponer, es respecto a la posible vulneración de la autonomía de los planteles con la llegada de un eventual administrador. “Este es un punto bien complejo del proyecto. La autonomía universitaria deriva del marco constitucional y en ese sentido es importante tener presente que este proyecto sí atenta contra la autonomía de las instituciones y por lo tanto hay que partir de esa base”, indicó.
Por otro, el investigador precisó: “Lo primero que hay que hacer es contar con instrumentos precisos que permitan concluir con claridad si existe o no existe infracción a la ley, y por tanto, mientras se mantenga la vaguedad respecto de cómo llegar a esa conclusión, nos parece que es arriesgado establecer procesos de intervención. Hay causales que son muy amplias”.
MELISSA SEPÚLVEDA, PRESIDENTA DE LA FECH
“El ministerio (de Educación) con el marco constitucional que actualmente tiene podría realizar un proceso de características similares, por lo tanto, lo que se requiere para garantizar la seguridad de los estudiantes ante un proceso de cierre es más bien la voluntad política de enfrentarse a los dueños de las universidades que están lucrando con la educación superior y eso es lo que no hemos visto hasta el momento”, sostuvo a La Tercera la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Melissa Sepúlveda.
En la misma línea, la dirigente estudiantil puntualizó que el proyecto no representa “ninguna garantía” ya que sólo “regula un campo de los excesos del mercado, regulaciones como hemos tenido bastante ya durante los últimos gobiernos”, añadió.
Por otro lado, la presidenta de la Fech sostuvo que el proyecto de ley no implica”un avance, ni en materia de calidad, ni en materia de lucro, porque tampoco establece cuáles son las regulaciones que se tienen que hacer y, finalmente, qué es lo que consideramos una universidad o qué es lo que consideramos una institución de calidad”.
“Si el ministerio realmente quiere hacerse cargo de los procesos de lucro y de cierre de universidades privadas, lo que tiene que hacer es no seguir enviando proyectos de ley, sino enfrentarse al lucro en la educación, avanzar en estas investigaciones y determinar cuáles universidades debiesen ser cerradas”, añadió.
Asimismo, la presidenta de la Fech sostuvo:”Frente a este proyecto estamos a la espera de que se produzcan los cierres de las universidades porque, finalmente, eso sí es voluntad política de avanzar en el término del lucro en la educación, pero todavía no hemos visto ninguna señal de que eso vaya a ocurrir”.
MATKO KOLJATIC, COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
“La ética nos enseña que entre dos males hay que elegir el menor: es malo poner en entredicho la autonomía de las instituciones, pero es aún peor dejar a cientos y probablemente miles de estudiantes a la deriva”, sostuvo ayer el presidente de la CNA durante la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Asimismo, respecto al proyecto que crea un interventor provisional el presidente de la CNA indicó que es necesario considerar algunos aspectos: que se garantice la continuidad del plan de desarrollo que fue evaluado en la acreditación y que “el administrador puede cambiar la estructura organizacional de una institución que fue acreditada en determinadas condiciones”.
“Se requiere que en situaciones en que instituciones de Educación Superior no cumplan con sus propósitos institucionales, al punto de producir daños académicos y económicos graves a sus estudiantes, que el Estado tenga herramientas para actuar. Pienso también que el Consejo Nacional de Educación es el organismo que corresponde tome la decisión final sobre si se debe intervenir o no la Institución”, sostuvo.
CARLOS PEÑA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
En entrevista con el diario La Tercera, hace unos días, la autoridad máxima de la Universidad Diego Portales manifestó que “el proyecto de interventor es inconstitucional y viola el derecho a propiedad”, debido a que “pretende alterar contratos en curso y vigentes, algo que está prohibido en todos los sistemas legales”.
En tanto, durante la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, donde el rector debió exponer sus planteamientos, sostuvo que”si este proyecto no se mira con cuidado, se van a aprobar un conjunto de reglas perfectamente inútiles”. Asimismo, el rector de la UDP agregó que la figura que crea el administrador provisional es “inconstitucional”.
“No es posible instituir a un administrador provisional que pueda tomar bienes que no le pertenecen a la institución en el interés de los estudiantes. Jurídicamente eso no es admisible en el derecho vigente en Chile”, sostuvo.
Esto, en relación al artículo número 12 del proyecto que estipula que: “El administrador provisional podrá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos que determinaron su nombramiento, a expensas de los bienes de propiedad o que sean administrados por la institución de educación superior, a fin de asegurar la continuidad de estudios de los y las estudiantes”.
LO QUE INDICA EL PROYECTO RESPECTO A LA “AUTONOMÍA”
Según el artículo 26 del documento: “Las instituciones de educación superior que hayan sido objeto de la revocación del reconocimiento oficial, mediante el decreto respectivo, perderán de pleno derecho la autonomía institucional que hayan alcanzado en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del decreto con fuerza de ley N°2. Con todo, los grados académicos y/o títulos profesionales y técnicos de nivel superior podrán ser otorgados por la institución cuyo reconocimiento oficial se revoca, en los términos previstos en la presente ley”.
