Columna en La Tercera: Curriculum 6+6 y gradualidad en las políticas educacionales

• 27 de Septiembre, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

En 2009 se aprobó dentro de Ley General de Educación una modificación muy necesaria a la estructura de la educación escolar chilena: 7° y 8° básico pasarían a ser parte de la educación media. Esto permitiría que los docentes que impartieran clases en estos niveles fueran especialistas en sus asignaturas (y no profesores generalistas) y que por lo tanto, los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes debían lograr fueran asimismo más complejos y exigentes que los actuales. Quienes apoyaban este cambio argumentaban, con razón, que esos años estaban desaprovechados en términos de aprendizaje, y que hacerlos parte de la educación media permitiría mejorar los resultados de nuestros estudiantes. Esto debía empezar a aplicarse, según el calendario original, el 2018.

Con excepción del currículum, que era una parte fundamental de la modificación, los cambios necesarios para implementar esta política nunca fueron llevados a cabo por el Ministerio de Educación. Ni en el gobierno actual ni en el anterior se consideró prioritario realizar este cambio, que está fijado por ley. Esta omisión, probablemente, se debe a que en la práctica la modificación es extremadamente compleja y requiere de un esfuerzo de gran magnitud para adaptar el sistema educacional completo a la nueva estructura. En 2009, con diez años de plazo y escrito en papel, este cambio sonaba posible, necesario, positivo y razonable. Me atrevería decir que quienes lo redactaron lo consideraron incluso una medida simple. Probablemente también fue de consenso.

Finalmente, resulta que hoy se debate en el Congreso un proyecto de ley para prorrogar este cambio, quizás hasta el 2025. Este debiera ser aprobado, dado que solo viene a confirmar algo obvio: la política que en el papel se diseñó no pudo aplicarse en el plazo definido. Lo único que queda de esta historia es aprender respecto de la implementación de políticas estructurales en educación.

De hecho, existen dos iniciativas que podrían tomar nota de lo sucedido. La primera, es la Nueva Educación Pública o desmunicipalización, sobre la cual hoy se discute una gradualidad en el traspaso de los establecimientos municipales a servicios dependientes del Ministerio de Educación. El cambio en los ciclos curriculares enseña que no basta con plazos razonables, sino que se le debe dar al ejecutivo la posibilidad de modificar este plazo fundadamente sin necesidad de dictar una ley, en general y para casos particulares.

La segunda es la Ley de Inclusión. Nuevamente es necesario prorrogar el plazo perentorio para que los establecimientos particulares subvencionados se transformen a fundaciones sin fines de lucro, dado que la norma ha resultado imposible de aplicar en la realidad. En este caso, el Gobierno no se ha mostrado abierto ni siquiera a una solicitud de sus propios senadores, dejando ver una tozudez que terminará siendo vencida por los porfiados hechos: no pueden quitarle la subvención a 1.400 colegios que no tienen posibilidad alguna de cumplir una norma inaplicable. Más vale hoy que el ejecutivo se allane a resolver este y otros problemas de la Ley de Inclusión y evite conflictos que afectarán al sistema en su conjunto.

Ver columna en La Tercera.