Si la reforma a la educación superior se comenzara a aplicar hoy, habrían 46.490 estudiantes que podrían quedar sin universidad, según advierte un análisis de la Fundación Acción Educar. Esto, porque hay 13 universidades que no están acreditados y que, por lo tanto, no podrían seguir funcionando, según lo que propone el proyecto de ley: acreditación obligatoria.
En el estudio no se incluyeron las universidades que están en proceso de cierre: U. del Mar y U. La Araucana, ni tampoco a la Universidad Chileno- Británica de Cultura, que se encuentra en proceso de licenciamiento. Según el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, ‘de la lectura del proyecto se desprende que una serie de instituciones, que hoy no están acreditadas, difícilmente podrán hacerlo bajo el nuevo esquema de certificación’.
Si esto se concreta, según dijo la ministra de Educación, Adriana Delpiano, serían las universidades estatales las llamadas a absorber esa matrícula. Figueroa criticó que el proyecto ‘dibuja un mecanismo de acreditación con una lógica sancionatoria más que de mejora de las universidades y limita la posibilidad de subsistencia de algunas instituciones’.
El ex asesor del Ministerio de Educación durante la administración de Sebastián Piñera cuestionó las declaraciones de la ministra Delpiano, porque según Figueroa ‘muestran que se espera que esas universidades, que no están acreditadas, en el fondo cierren y que con eso aumente la matrícula de las universidades estatales, forzando a los alumnos a ir a esas instituciones’. Esta situación, dijo, limita la posibilidad de elegir y por eso la diversidad de proyectos es tan importante’. Advirtió que el proyecto no respeta la diversidad.