La Tercera: dos visiones sobre gratuidad
Director de Acción Educar: “US$ 500 millones cubren al 30% más vulnerable en todos los planteles acreditados”
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, asegura que el sistema de financiamiento de becas y créditos ha logrado que el acceso a la educación superior de los quintiles más bajos crezca de un 3,5% a un 34,4% entre 1990 y la actualidad. Remarca que este sistema permite focalizar “de mejor forma los recursos fiscales, reconociendo la libertad de escoger” y que la gratuidad, en cambio, “beneficia en mayor medida a los jóvenes de más recursos”.
¿Por qué se debería apostar por un subsidio a la demanda?
La esencia del subsidio a la demanda es que promueve que las instituciones ofrezcan programas atractivos para los jóvenes y así se financien. Esto las obliga a tener mayor capacidad de adaptación a las necesidades del país y de sus estudiantes, con quienes deben tener un estrecho vínculo. Un financiamiento centrado en la oferta aleja a las instituciones de los jóvenes y pone los incentivos en fortalecer la capacidad de negociación de las universidades con el Estado para conseguir financiamiento.
Si la gratuidad depende del crecimiento económico, ¿se puede extender al 100%?
La gratuidad universal implica una restricción al desarrollo del sistema al limitar los cupos de acceso y frena la capacidad de crecimiento de las instituciones al fijar centralizadamente los fondos. Implica además destinar recursos a las familias más ricas, lo que la hace una política extremadamente cara y regresiva. No es conveniente ni deseable vincular directamente el desarrollo de la educación superior a la política financiera de los gobiernos de turno, que se ve afectada por los ciclos económicos y por las particulares prioridades de cada uno. Lo razonable es perfeccionar el sistema de becas y créditos.
¿Se debe ampliar la gratuidad a IP y CFT con fines de lucro?
Las políticas públicas no pueden discriminar arbitrariamente entre personas de igual condición y deben también respetar el marco jurídico vigente. La ley permite que CFT e IP se organicen como sociedades comerciales y bajo esa estructura existen instituciones que ofrecen proyectos atractivos para los jóvenes y se encuentran acreditadas. No existe razón para marginar a esas instituciones y sus alumnos. Las distinciones que se quieran hacer deben basarse en calidad y no en la forma en que jurídicamente están organizadas.
¿Cuánto cuesta ampliar la gratuidad a universidades acreditadas?
La gratuidad universal para todas las instituciones tiene un costo fiscal de US$ 4.400 millones anuales. La medida anunciada para el próximo año por el gobierno tiene un costo de US$ 444 millones. Implementar esa misma política, manteniendo el foco en el 60% más vulnerable y en instituciones acreditadas, tiene un costo de US$ 1.065 millones. Sólo en universidades y manteniendo los mismos parámetros cuesta US$ 675 millones.
¿Qué deben cumplir las instituciones para entrar a la gratuidad?
Los requisitos no pueden implicar discriminaciones arbitrarias y por ende deben estar al alcance de todas las instituciones. La acreditación cumple con ese criterio y pone el correcto incentivo en promover la calidad. Distinguir entre universidades del Cruch y las que no pertenecen a él implica poner una barrera infranqueable que perjudica a instituciones que ofrecen proyectos de calidad y a los alumnos que han optado por ellas.
Si se extiende la gratuidad pero se baja la cobertura al 40%. ¿Alcanzaría el presupuesto?
Estimamos que US$ 500 millones podrían financiar las carreras completas de los alumnos del 30% más vulnerable de todas las instituciones acreditadas. Con un presupuesto algo mayor, de US$ 637 millones, se podrían financiar las carreras del 40% más vulnerable de todos quienes estudian en planteles acreditados. Es fundamental, que ante restricciones presupuestarias, las políticas que se diseñen no discriminen injustificadamente a instituciones y a estudiantes.
Una vez en régimen la reforma a la educación superior, ¿se debe mantener el sistema de becas y créditos para las instituciones que no entren a la gratuidad?
Las instituciones que no suscriban a la gratuidad dejarían de ser elegibles para alumnos de menos recursos. Es fundamental que opciones de calidad estén siempre disponibles para todos y es un deber del Estado poner a disposición de la ciudadanía los mecanismos que hagan posible esa libertad de elección. Es importante que se conserven los mecanismos de becas y créditos que hacen posible el ejercicio de ese derecho en instituciones acreditadas, aunque no adhieran a la gratuidad. En el caso de los jóvenes de deciles medios y altos, considerando que hoy el sistema de crédito con aval del Estado los considera, nos parece evidente que debe mantenerse y perfeccionarse.
Subdirector de Educación 2020: “Las instituciones que no se acojan al nuevo sistema no deben mantener las becas”
Manuel Sepúlveda, subdirector de Educación 2020, señala que el sistema de educación superior debe ser cambiado porque “premia la inequidad, incentiva la competencia y obliga a las familias a endeudarse por décadas”. Ejemplifica con que Chile es “el país de la OCDE donde las familias cubren el mayor porcentaje del gasto en educación superior: de cada $ 100 invertidos, $ 76 lo cubren ellas (en el resto de los países es $ 31)”.
¿Por qué se debería apostar por un subsidio a la oferta?
Porque el excesivo subsidio a la demanda genera efectos negativos. Sólo el 34% de los recursos que reciben las instituciones es un aporte directo, situación dramática en los planteles estatales, donde el 24% de su financiamiento viene del Estado. Los indicadores muestran que este sistema no dio resultados y generó importantes mermas financieras. Al entregar recursos según la matrícula, el país apostó por mejorar la calidad con la competencia. Pero eso elevó los aranceles, no distinguió entre tipo de instituciones y no aseguró calidad, generando un incentivo perverso para atraer alumnos a cualquier costo. Como lo ocurrido en la U. del Mar.
Si la gratuidad depende del crecimiento económico, ¿se puede extender al 100%?
No podemos condicionar la gratuidad sólo al crecimiento económico. El primer paso es un sistema de aseguramiento de la calidad que termine con la precaria regulación que hay. Dar gratuidad hoy no asegura una mejora del sistema. Nuestra estimación es que una transición responsable debería tardar unos 10 años. Pero aún cuando tuviésemos los recursos para dar gratuidad a todos, sería un error hacerlo sin ordenar el sistema.
¿Se debe ampliar la gratuidad a los Institutos Profesionales (IP) y CFT con fines de lucro?
No. Es necesario asegurar que la inversión que haremos los chilenos se destine a una mejor educación y no termine financiando viajes familiares de los dueños de instituciones. Sabemos que muchos IP y CFT con fin de lucro no están retirando utilidades, sino que tienen esta figura por gestión. Asimismo, existen universidades sin fin de lucro, pero que pertenecen a consorcios que sí retiran utilidades. Por eso es urgente un ordenamiento que facilite la transición para las instituciones que no retiran utilidades y que regule efectivamente la prohibición de lucro.
¿Cuánto cuesta ampliar la gratuidad a universidades acreditadas?
Estimamos que se requerirían de unos US$ 400 millones adicionales si se extendiese a instituciones acreditadas fuera del Cruch. Pero este criterio no es suficiente. Nuestro sistema de acreditación tiene falencias importantes relacionadas no sólo con las investigaciones de la justicia. Muchas instituciones acreditadas tienen altas tasas de deserción, baja empleabilidad, no tienen una planta docente adecuada e incluso tienen problemas administrativos.
¿Qué deben cumplir las instituciones para entrar a la gratuidad?
Los requisitos deben apuntar al rol público, calidad e inclusión. Las instituciones del Estado deben ser las primeras en entrar al nuevo régimen, interviniendo en casos donde esté en duda su calidad, y que las privadas -sean o no Cruch- demuestren su aporte al desarrollo del país. Es fundamental que destinen todos sus fondos a la educación, con exigencia de transparencia activa administrativa y financiera, aseguren participación, incorporen criterios de acreditación, retención, plantas docentes e ingreso inclusivo.
Si se extiende la gratuidad pero se baja la cobertura al 40%. ¿Alcanzaría el presupuesto?
Dependería del número de instituciones que entren al nuevo régimen bajo los criterios que se definan. Nos parece que es una opción interesante bajar el porcentaje de cobertura ampliándose a instituciones con estándares exigentes de calidad. No basta con conocer el nivel socioeconómico del estudiante. Si entregamos recursos pensando sólo en la vulnerabilidad de los estudiantes corremos el riesgo de terminar financiando la venta masiva de cartones universitarios y no un verdadero sistema de educación superior.
Una vez en régimen la reforma a la educación superior, ¿se debe mantener el sistema de becas y créditos para las instituciones que no entren a la gratuidad?
En régimen, las instituciones que no se acojan al nuevo sistema no debiesen mantener este tipo de beneficios estudiantiles. Si se define un nuevo régimen con un estándar de calidad más exigente y un nuevo sistema de financiamiento, no tiene sentido mantener paralelamente reglas especiales. El sistema de becas y créditos debe permanecer durante todo el periodo transitorio hasta que se alcance la gratuidad total. Además, entendemos la gratuidad desde la universalidad, abarcando todos los quintiles de ingreso.
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