Columna en La Tercera: Escasez, ideología y prioridades

• 25 de Octubre, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

El presupuesto de educación superior y el virtual estancamiento de los fondos asignados a Fondecyt sorprendieron, aunque no demasiado, a la comunidad científica nacional. Como se ha mencionado varias veces, el gasto de Chile en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB, es muy bajo (cerca de 0,35%) en condiciones que debiéramos tender a llegar, en un plazo relativamente breve, al 1%. Retroceder en esta materia, en la cual ya hay deficiencias, es especialmente nocivo y una demostración de miopía por parte del Ministerio de Educación. ¿A qué puede deberse esta decisión?

La primera es la escasez de fondos. Efectivamente este gobierno ha sido entusiasta en gasto público -en particular en contratación de personal – y flojo en crecimiento económico, por lo que la restricción presupuestaria es evidente. Sin embargo, tampoco hablamos de cifras demasiado altas en el contexto de educación. El financiamiento de CONICYT solo significa cerca del 4% del presupuesto total del Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Convenio marco de la Universidades Estatales (que beneficia solo a 16 instituciones) alcanza este año los 23.000 millones, cifra un poco mayor a lo que se gasta en un año de Fondecyt disponible para los alrededor de 12.000 investigadores, que trabajan en todas las universidades y centros de investigación del país. Visto de otra forma, si los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que el gobierno eliminó de un plumazo sin explicarle a nadie, se asignaran a Fondecyt, se duplicaría la inversión pública de este tipo de proyectos de investigación.

La segunda es la ideología. Los fondos públicos de Fondecyt se asignan competitivamente a los mejores proyectos de investigación, propuestos por académicos y apoyados por universidades o centros de investigación. Si bien siempre es posible mejorar las metodologías de asignación – y en particular las de rendición – se trata de una herramienta justa, que no discrimina y se esfuerza por elegir los mejores proyectos, sin importar de donde vengan. Esto permite movilizar la capacidad de investigación de todas las instituciones e investigadores del país, aprovechando mejor la diversidad de nuestro sistema. Algunos sectores políticos, que tienen un espacio en el presente gobierno critican fuertemente este tipo de políticas, por considerarlas “privatizadoras” y en su lugar proponen un financiamiento fiscal basal para investigación solo para universidades estatales o pertenecientes al Cruch. Esta propuesta discrimina a los investigadores de instituciones privadas, además de entregar la asignación de recursos a las burocracias internas de las universidades, en lugar de una competencia abierta y ciega. Se debe buscar que los recursos públicos financien el mejor proyecto, y no el preferido del decano. Además, los recursos Fondecyt, al asignarse directamente a los investigadores, permiten que la gestión y uso de los recursos se haga según el criterio de quien está más cerca de la actividad de investigación y no, nuevamente, de la burocracia. Los fondos concursables son más justos y también más eficientes.

La tercera explicación, y quizás la más evidente, son las prioridades políticas del Ministerio de Educación. El esfuerzo fiscal en el presupuesto está concentrado en financiar la gratuidad en educación superior, y prácticamente todo el resto de las necesidades del sistema quedan en segundo plano. Solo eso podría explicar el grosero y torpe error de congelar los fondos de la Ley de Inclusión, así como también la restricción  de los recursos para investigación. Dado el escenario electoral, solo queda concluir que el gobierno busca a toda costa centrar sus esfuerzos en los réditos políticos que pueda traer la gratuidad, aun cuando ello pueda pasar a llevar prioridades que los científicos chilenos y la OCDE han definido como necesaria para el desarrollo del país.

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