Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, anunció ayer que presentará un proyecto de ley para, tal como en 2020 y 2021, no realizar el proceso de forma obligatoria. Los dos años anteriores, eso sí, fue voluntario para los profesores que quisieran someterse, cosa que hasta ahora no es claro que también ocurra. Las interrogantes, además, apuntan a si será una medida definitiva.
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“Lo que vamos a presentar en las próximas semanas es un proyecto de ley, una ley que tiene varios temas importantes que creemos que no quedaron muy claros probablemente en los últimos años, y uno de ellos tiene que ver con la suspensión de la Evaluación Docente”.
Así anunció el ministro el martes la determinación tomada por el Ministerio de Educación en torno al proceso evaluativo, cuyo origen está en 2003, cuando tras una larga negociación entre el Colegio de Profesores, la Asociación Chilena de Municipalidades y el ministerio de Educación -durante el gobierno de Ricardo Lagos- se aprobó a nivel legislativo en el Congreso. Desde entonces que los docentes y educadores de aula que se desempeñan en establecimientos públicos a lo largo del país se someten obligatoriamente año a año al proceso, que consta de cuatro instrumentos.
Las razones que esgrimió el secretario de Estado apuntan a la situación de estrés a la que se verían expuestos los profesores en un contexto ya demandante por el retorno presencial a clases. “Es un compromiso nuestro de campaña y está en nuestro programa de gobierno la eliminación de la doble evaluación (Evaluación Docente y Carrera Docente). Pero mientras, al igual que pasa con el Simce, lo entendemos como un elemento estresor y creemos que las condiciones no están dadas para la implementación de la Evaluación Docente”, justificó el ministro.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, cree que en 2022 se ven “bastantes diferencias con los años anteriores: hoy los colegios están funcionando, la asistencia es alta y si la razón obedece a la pandemia, las condiciones son muy diferentes y llama la atención porque esta prueba no tiene consecuencias negativas para los profesores”. Y añade: “La idea parece radical y si es que se quiere modificar de base, lo más razonable sería hacerla voluntaria para que los profesores que quieran mejorar sus condiciones lo puedan hacer”.
En ese sentido, agrega que no entiende la idea de suspenderla nuevamente porque la evaluación “solo puede traer beneficios a los profesores” y lo encuentra exagerado, toda vez que, argumenta, “hoy las condiciones son mejores que en 2020 y 2021, cuando fue voluntario y esos años participaron primero 6 mil y luego poco más de 10 mil profesores aproximadamente en momentos más difíciles de la pandemia”.
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