La Tercera: Exigencia de acreditar, al menos, al 30% de las carreras es calificado de “impracticable”

• 7 de Agosto, 2016

Académicos y rectores critican norma planteada en proyecto de educación superior.

Por D. Muñoz

El nuevo sistema de acreditación que propone el proyecto de reforma a la educación superior está en la mira de rectores, académicos, expertos y centros de estudios, principalmente respecto de la certificación aleatoria de carreras.

El proyecto dice que “el procedimiento deberá asegurar la evaluación de una muestra representativa (…), la que no podrá ser menor al 30% del total de éstas”.

Precisamente esta última exigencia, de acreditar al menos el 30% de las carreras de una institución, es duramente criticada, por las dificultades que implicaría para el futuro Consejo de Acreditación. El gerente general de la Agencia Acre-ditAcción, José Miguel Rodríguez, entidad que actualmente se dedica a la certificación de carreras, planteó que la acreditación integrada “es inviable operativamente hablando y, además, atenta contra la calidad de las carreras”. Además, dijo que “no hay posibilidad de realizar una visita de acreditación institucional y, simultáneamente, acreditar el 30% de la oferta de pregrado de una institución”.

Por ejemplo, detalló, “para una institución grande, con una oferta de 73 carreras o más, esto significaría revisar al menos 22, lo que implicaría un comité de pares mínimo de 70 académicos, considerando la evaluación institucional y las 22 carreras, y semanas, o quizás meses, para poder realizar esta visita”.

Todo esto, según Rodríguez, podría implicar que “las instituciones concentrarán todos sus recursos económicos y humanos en estas carreras, en desmedro del resto de su oferta, para asegurar su acreditación integrada. Así, el restante 70% de carreras quedará sin evaluación y muy posiblemente en una situación precaria”.

Desde las agencias, también se critica que estas entidades desaparecerían, ya que el nuevo consejo tendrá que hacerse cargo de la acreditación de las carreras.

Para el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, “el aspecto más negativo es la acreditación de carreras, me parece que se confundió el mecanismo con el objetivo académico”. Y su par de la U. de Talca, Alvaro Rojas, indicó que “no me parece que sea adecuado (el sistema aleatorio propuesto), toda vez que el azar en positivo o negativo puede conspirar con el nivel de calidad de una institución. Además, me parece regresivo”.

El académico de la U. Católica Ernesto Treviño dijo que el mecanismo “es poco eficiente”. Esto, “puesto que busca acreditar universidades y carreras conjuntamente, lo que puede generar trastornos en la operación de toda una institución”.

A juicio del investigador, la certificación aleatoria de carreras “es impracticable, pues, en el mundo, las carreras que desean acreditarse deben preparar un informe de acreditación. Si la aleatoriedad se realiza con un año de antelación, este mecanismo pierde su propiedad principal, que implica controlar por posibles sesgos, dado que las carreras pueden prepararse con mucho tiempo para mejorar o maquillar sus procesos”.

Si bien el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, cree que esta fórmula permitiría evitar que el prestigio de una institución se base exclusivamente en un programa específico en el que se concentren los recursos”, planteó que la propuesta del gobierno para certificar al menos el 30% de sus programas “es muy difícil de abordar tanto para las instituciones como para el órgano acreditador, por la concentración excesiva de esfuerzos que el proceso implicará. Además, si se considera su carácter obligatorio y el hecho que se basa fuertemente en estándares cuantitativos, obliga a las instituciones a adecuar sus proyectos al modelo que el acreditador impone y que no necesariamente se adecua a la misión institucional ni al interés de los alumnos que han optado por ese proyecto, afectando la sana diversidad del sistema”.

El académico de la U. Diego Portales José Joaquín Brunner advirtió que todo el nuevo sistema de acreditación “es un armado nacido de la desconfianza hacia las instituciones, mal concebido, dependiente de la voluntad presidencial, con bajo nivel de independencia, con procedimientos pesados y de tendencia burocrático”.

Ver en La Tercera.