Después que los expertos del Banco Mundial (BM) detectaran dificultades para alcanzar la política de gratuidad en el sistema de educación superior chileno, tanto por la falta de información como por la indefinición de cuánto se invertirá en la política, un grupo de expertos analizó el informe el cual dio a conocer La Tercera ayer.
Sus principales preocupaciones son la falta de claridad que al parecer tiene el gobierno a meses de que ingrese el proyecto según lo comprometió el ministro Nicolás Eyzaguirre.
Para la experta del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, tal como lo esboza el documento, “si quieres ofrecer gratuidad, lo primero que tienes que saber es cuánto te va a costar. Eso es básico para avanzar, y eso no lo tiene definido el gobierno, ni a cuántas instituciones ni alumnos beneficiará”.
La investigadora del CEP duda sobre el financiamiento y si los dineros alcanzarán o no para ejecutar toda la reforma. “El proyecto de inclusión tiene destinados US$ 1.000 millones, la carrera docente se estima que unos US$ 2.500 millones y quedarían menos de US$ 2 mil millones para gratuidad. No alcanza, si se quieren hacer las cosas bien”.
Sin embargo, para el economista y experto en educación de la U. Diego Portales (UDP), Felipe Salazar, es necesario recordar que el dinero de la reforma tributaria es extra a lo que hoy se utiliza. “Que alcancen los dineros es más bien una decisión política y dependerá de qué se quiere financiar. Cuando se habla de tener gratuidad vamos a financiar a los primeros quintiles, ¿o habrá condiciones?. Es necesario definir el monto y luego cómo se va a gastar”.
El experto de la UDP, José Joaquín Brunner, dice que no hay información suficiente para cambiar la política de financiamiento: “Me parece que el problema principal es que el gobierno está actuando en medio de una gran debilidad de información y por tanto de metodología y criterios”.
El director de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que el informe del BM “hace ver lo complejo del modelo que pretende aplicar el gobierno y preguntarse efectivamente si es lo que Chile necesita, sobre todo considerando que existen otros mecanismos más eficientes para asegurar el acceso de los más vulnerables”.