Aseguran que se necesitarán más fondos que los señalados en el informe financiero del proyecto. Documento estima en US$ 3.500 millones el gasto adicional que requiere este beneficio.
El martes pasado cuando la reforma a la educación superior ingresó al Congreso se despejó una de las mayores incógnitas en torno a la iniciativa: el costo de la gratuidad universal. Así, el informe financiero asociado a la propuesta gubernamental estima que a los US$ 700 millones que hoy cuesta el nuevo beneficio estudiantil (acotado a los primeros cinco deciles), se tendrán que inyectar US$ 3.500 millones para extender su cobertura hasta los alumnos de mayores ingresos.
Es decir, llegar a la gratuidad universal tendrá un costo para el Estado de US$ 4.200 millones. Esta cifra, sin embargo, es cuestionada por algunos académicos e investigadores. José Joaquín Brunner, experto de la U. Diego Portales y ex ministro Secretario General de Gobierno, explicó que en la práctica, para calcular el costo real de la gratuidad universal se debe considerar el presupuesto que el Estado ya dedica a educación superior, es decir, fondos de becas y créditos que se cambiarían por gratuidad.
A eso se debe sumar los fondos que las familias y los privados aportan para la formación terciaria. Según Brunner, todo este gasto, ‘equivaldría a un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno, es decir, a US$ 6.000 millones’, lo que para él ‘es una cifra imposible de gasto público, sobre todo si se considera que hay otras necesidades en las que el Estado debe invertir’. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, señaló que ‘no es raro que el informe financiero tenga un monto menor que el que hemos estimado muchos, porque la gratuidad, como está diseñada, implica un déficit para las instituciones y, por lo tanto, no está considerando el costo real’. Agregó que según sus estimaciones, ‘sólo para financiar la docencia, se requiere de US$ 5 mil millones’.
Hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, expondrá ante la Comisión de Educación de la Cámara los aspectos financieros de esta reforma. En ese contexto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) señaló que ya pidieron que se dieran a conocer los criterios presupuestarios específicos de la proyección del gasto de la gratuidad. ‘Hay dos razones por las cuales no calzan los números del informe financiero: el gobierno asume que la matrícula no va a seguir creciendo y también asume fijación de precios. Y ambas cosas en la educación superior siempre crecen. Pedimos un informe financiero serio’, remarcó el parlamentario.
Para Alberto Robles (PPD), presidente de la Comisión de Educación, es necesario que ‘el informe financiero sea bien explicado y se entreguen más detalles de los que actualmente contiene el documento, porque ha ocurrido que llega un informe a la Comisión de Educación, luego cambia en Comisión de Hacienda, y si esto va a implicar una inversión tan grande es necesario saber desde un principio el detalle del costo real de la gratuidad y sus implicancias’.
El parlamentario del PPD agregó que si es cierto que la gratuidad universal requiere aún un presupuesto mayor al proyectado, su postura personal es que se inyecten a la formación inicial en lugar de a la educación superior. ‘Ahí tenemos mayor necesidad. Los cambios reales ocurren entre los 0 y 5 años y si la gratuidad universal requiere de una cantidad enorme de fondos, es mejor que vayan a educación parvularia, que es donde hay más retorno’.