Tras el fallo del TC, un escenario que podría enfrentar el gobierno es que deba extender la gratuidad a más instituciones. De acuerdo a eso, la Fundación Acción Educar plantea que con los recursos disponibles en la glosa de gratuidad se podría beneficiar, a través de becas de gratuidad, a 226.497 alumnos, si se baja la cobertura desde el quinto al tercer decil. Esto, con el objetivo de abordar a los estudiantes de todas las instituciones acreditadas del sistema “y no discriminar, como lo señala el TC”, aseguró Raúl Figueroa, director de la Fundación.
El abogado, que participó de la administración de Sebastián Piñera, explica que esto tendría un costo de $ 266 mil millones, es decir, unos US$ 380 millones, y casi de la mitad de los recursos considerados para la glosa de gratuidad. Los 277 mil millones restantes del actual presupuesto “no son recursos extras para gratuidad, si no que fondos que antes se destinaban a becas”, explicó Figueroa, quien agregó que bajo su proyección “esos recursos que debieran volver a ese propósito y, junto a los $ 266.000 millones permitieran una cobertura completa al arancel real de los estudiantes del 30% más vulnerable del sistema acreditado”.
Bajo este esquema, se reduciría a 68.000 la cantidad de alumnos que se verían beneficiados en el Cruch, mientras que en IP y CFT aumentaría a 111.599. En tanto, los de las universidades privadas acreditadas serían 46.283.
“Esto se podría hacer con una ley que vaya en esta línea. La otra vía es a través de decretos de Hacienda que permitan hacer ciertos ajustes a la Ley de Presupuestos, pero es posible”, remarcó Figueroa.
Para Andrés Bernasconi, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe) de la U. Católica las becas tienen una restricción clave a la hora de ser el mecanismo para la gratuidad: “El problema de las becas es que no obligan a las instituciones a dejar de cobrar copago. Y eso no veo cómo se pueda solucionar a estas alturas del año”.