Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.
Señor director:
Abordar adecuadamente el debate sobre el financiamiento universitario exige hacer distinciones entre los instrumentos de política pública y los objetivos que se espera que cumplan. Las becas y créditos apuntan a facilitar el acceso de los jóvenes a la educación terciaria, resguardando su posibilidad de optar entre diversas alternativas académicas; se trata de un subsidio a la demanda que beneficia también a las instituciones en la medida que éstas sean atractivas para sus alumnos.
Distinto es el caso de los aportes del Estado a las universidades, ya sea en forma directa o concursables, cuyos objetivos son el desarrollo institucional y la investigación. Estos recursos, que se justifican por los bienes públicos que las universidades generan, se asignan por criterios históricos y en menor proporción a proyectos específicos.
El rigor intelectual obliga hacer esta diferencia para responder la pregunta respecto del trato preferente a las universidades estatales. En el caso de las becas y créditos, son los alumnos quienes establecen la preferencia, mientras que el financiamiento institucional depende de la preferencia del Estado. Respecto de este último, se observa que los recursos fiscales destinados a las universidades del Estado representan más del 50% de la totalidad de los fondos entregados a universidades. En particular, para 2014, dichos recursos públicos se distribuyeron de la siguiente manera: 55% para universidades estatales, 40% para universidades privadas del Consejo de Rectores (Cruch) y 5% para universidades fuera del Cruch. Si estos resultados se dividen por el número de alumnos que asisten a las carreras de pregrado de cada grupo de instituciones, se mantiene que las estatales reciben la mayor cantidad de recursos.
Cabe destacar que las universidades del Estado reciben sólo alrededor de un 27% de la matrícula de pregrado mientras que las privadas fuera del Cruch un 53% aproximadamente.
Considerando que la reforma a la educación superior debiese presentarse prontamente, es importante que lo que se proponga en materia de financiamiento permita el desarrollo integral del sistema, sin excluir instituciones que cumplen igual función y que son elegidas por los estudiantes.
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