Por Bárbara Manríquez González, investigadora de Acción Educar.
Señor director:
El debate en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) se ha centrado en casos particulares y anecdóticos que no brindan utilidad para la correcta evaluación de esta política pública.
Desde el año 2006, el CAE ha permitido que más de 800 mil jóvenes financien sus estudios en instituciones de educación superior acreditadas. La tasa de interés es subsidiada y corresponde a un 2% real anual desde el año 2012. El pago es diferido, iniciándose 18 meses después del egreso, o bien habiendo pasado dos años sin estudiar.
Según datos de la Comisión Ingresa, la cuota mensual promedio entre quienes se encuentran pagando el Crédito con Aval del Estado no supera los $ 40 mil. De acuerdo a un estudio de Acción Educar, en promedio dicha cuota no superaría el 6,6% del ingreso mensual de quienes egresan de la educación superior. Y, en caso de que esa proporción sobrepasara el 10% de la renta, es posible acogerse a una rebaja hasta ese tope. De ese modo, si el sueldo de un beneficiario del CAE es de $ 600 mil, la cuota máxima que pagará es de $ 60 mil al mes. Además, es posible solicitar la suspensión del cobro en caso de desempleo, beneficio que dura seis meses y puede renovarse todas las veces que sea necesario.
Teniendo estos antecedentes en consideración, la demonización de este crédito basada en la anécdota es irresponsable. Soy deudora del CAE y en esa condición estoy consciente de que no habría podido cursar mi carrera sin el financiamiento que me fue otorgado. Tomando en cuenta que en Chile quienes tuvimos el privilegio de asistir a la educación superior tenemos ingresos, en promedio, 2,5 veces superiores que quienes solo terminaron cuarto medio, me parece impresentable la petición de condonar nuestro deber con recursos de todos.