Luego de tres años de tramitación, una comisión mixta botó ayer la esencia del proyecto de ley que buscaba ampliar a 13 los años de escolaridad, al rechazar los artículos que establecían la obligatoriedad. El gobierno insistirá en la iniciativa, por lo que se ha planteado un veto para restituirla. Mientras, de forma transversal, los expertos en educación apoyan la iniciativa que, afirman, impacta considerablemente los resultados académicos futuros de los estudiantes.
Por Roberto Gálvez
Este lunes, el proyecto de ley que buscaba la obligatoriedad del kínder sufrió un duro revés: luego de tres años de tramitación, la comisión mixta a la que había llegado rechazó el corazón del proyecto, lo que desencadenó una serie de críticas oficialistas, pero también la inmediata activación de un contragolpe.
Y es que luego de que el proyecto fuera aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados y terminará enredándose en el Senado, debiendo pasar a comisión mixta, en el gobierno están contrariados con el desenlace.
“Hace 11 años se aprobó en la Constitución que el kínder sería obligatorio y desde esa fecha el Estado ha dispuesto políticas con ese fin, y hoy tenemos matriculados en kínder entre 93 y 97% de los niños, entonces es prácticamente obligatorio, porque están todos adentro. Este proyecto es solo una tozudez del gobierno”, dijo durante la discusión el senador Carlos Montes (PS), quien se abstuvo en la votación.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, retruca: “Lo que queda en evidencia es que lo que primó fue un factor político, dejando de lado el beneficio de los niños, por eso es que nos duele tanto lo que ha ocurrido. Tenemos una agenda robusta en materia de educación parvularia, pero lamentablemente ha sido bloqueada por el Senado. En materia de kínder creemos que es tan importante la señal, que analizaremos todas las alternativas para insistir”.
¿Cuáles son esas alternativas? “El veto es una opción concreta para insistir en un proyecto que nos parece fundamental para dar una señal de apoyo a los niños y generar un cambio cultural en el país”, confidencia a La Tercera el secretario de Estado.
Lo que plantean las autoridades es que el rechazo a la iniciativa tiene tintes políticos y no técnicos. Y que por eso tienen argumentos y herramientas para plantear un veto, dado que ahora el proyecto vuelve a ser visto por diputados y senadores, pero ya no se pueden reponer las indicaciones rechazadas ayer.
En ese sentido, desde el gobierno exponen que cada una de las observaciones que el Senado le hizo al proyecto fueron resueltas, como las principales que apuntaban a que no podía ser obligatorio porque en Chile aún existen lugares donde no hay salas de kínder o que si un niño se saltaba ese curso luego sería privado de entrar a primero básico. Así, el proyecto fue mejorado con un fondo de $ 2 mil millones para responder a la falta de infraestructura y también se presentó una indicación que señalaba que si un menor no era matriculado en kínder, podría entrar directamente a primero básico, aunque con un diagnóstico para nivelar.
Yasna Provoste (DC), presidenta del Senado, dijo al respecto que este era “un falso debate, porque no tiene que ver con la obligatoriedad, sino con el acceso, y aquí hay un conjunto de programas de Integra que iban en esa dirección y han disminuido, y el gobierno durante toda esta tramitación no ha podido demostrar lo contrario”.
El guante lo toma el ministro Figueroa: “Si uno sigue la discusión, el Ejecutivo se hizo cargo de todas las inquietudes que habían surgido y, por tanto, no había ninguna excusa para rechazarlo, en el sentido de que habría recursos para levantar más salas si fuese necesario y dejaba claro que, si por alguna razón un niño no iba a kínder, eso no podía significar una barrera. Los parlamentarios reconocieron que habían sido respondidas todas sus inquietudes, no obstante la oposición votó en contra”.
¿Qué dicen los expertos?
Para Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos y exasesora del Mineduc, “lo que llama profundamente la atención de los argumentos en contra es que el reparo al proyecto radica, precisamente, en hacer obligatorio el kínder. Tiendo a pensar que el problema no está en el proyecto de ley, sino en el mandato constitucional. De ser así, entonces los senadores cambiaron de opinión o no entendieron qué significaba hacer obligatorio un nivel”.
Lo anterior tiene relación con, explican los expertos, que el proyecto se origina luego de una reforma constitucional durante el primer mandato de Sebastián Piñera. En ella se establece la obligatoriedad del kínder, pero con un artículo que indicaba que para que se haga efectiva se requería una ley que lo implemente.
“Se pueden tener diferencias legítimas respecto de la obligatoriedad del kínder, de hecho, hace ocho años fue la derecha la que presentó más reparos, mientras que la centroizquierda presionó para incluir el kínder obligatorio en la reforma constitucional”, dice Eyzaguirre. Y agrega: “Lo que cuesta entender es que las mismas personas que votaron a favor de la obligatoriedad del kínder hoy estén en contra de las medidas que implica dicha obligatoriedad”.
A su vez, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, analiza así: “Este proyecto afectaba a seis mil niños y niñas en zonas de mucha vulnerabilidad, en edades cruciales para su desarrollo integral. Pensamos que los niños y niñas no pueden ser instrumentos de presión política, nunca”.
En ese sentido, critica que “cuando hay un proyecto de ley que se trunca, después de ocho años tratando de implementarse, después de una reforma constitucional aprobada por unanimidad, aprobada de forma unánime por la Cámara de Diputados, sin objeciones técnicas en el Senado, es evidente dónde están los intereses en año de elecciones”.
Desde Acción Educar, su directora ejecutiva, Magdalena Vergara, explicita que la discusión en la comisión mixta “muestra la mala calidad con la que se están debatiendo las leyes en nuestro país, al punto que en una materia en la cual existe completo consenso en su relevancia, se rechaza por razones que eran completamente ajenas al proyecto de ley, con fundamentos contradictorios, perjudicando a aquellos niños que no asisten o no están matriculados en el nivel”.