La Tercera: Gobierno limita gratuidad al 60% de los alumnos más vulnerables hacia el 2018
Michelle Bachelet reconoció que no se podrá cumplir con el programa presidencial de dar cobertura al 70% de menos ingresos.
La reforma educacional fue el tema con que la Presidenta Michelle Bachelet comenzó su cuenta pública 2016, resaltando que este cambio “está en marcha”. Y enfatizó que “se trata de una de las transformaciones más profundas en décadas al sistema educacional, comparable con la reforma de los años 20, que garantizó seis años de educación obligatoria; o la reforma de los 60, que la amplió a ocho años y garantizó el acceso a todos y todas a las escuelas”.
Y así como subrayó la relevancia de esta reforma, también reconoció que no va a poder cumplir con uno de los compromisos de su programa de gobierno: instalar la gratuidad en educación superior para el 70% más vulnerable de la población.
“El año 2018 habremos ampliado la gratuidad hasta el sexto decil y luego la ley fijará los mecanismos para avanzar en cubrir los deciles restantes”, afirmó en su discurso. Y explicó que “las condiciones de esta progresión quedarán establecidas explícitamente en la ley”.
En tanto, para 2017 el aumento de la cobertura apuntará hacia los institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro y acreditados por cuatro años, para estudiantes de los primeros cinco deciles de ingresos (ver página 12).
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que “esos son gatillos de la economía”, y dijo que en el proyecto de ley de reforma a la educación superior se va a establecer cómo se avanza hacia nuevos deciles” (ver entrevista página 11).
Para el senador de la DC y presidente de la Comisión del Senado de la Cámara Alta, Ignacio Walker, afirmó que “lo que ha hecho la Presidenta es sincerar las cosas, yo creo que es bueno una dosis de realismo que nos permita entender la gratuidad como un proceso más que como una meta”. Y resaltó que se vaya a incorporar a los CFT e IP al beneficio.
Walker había señalado hace unos días que “es imposible” llegar a la gratuidad universal, por lo que ve las palabras de Bachelet como una reafirmación de eso.
El anuncio de la Presidenta no fue bien recibido por la diputada comunista Camila Vallejo, quien afirmó que “no creemos que los derechos sociales fundamentales tengan que depender de la situación macroeconómica de un país”.
Vallejo cuestionó que “si a la economía le va mal, entonces ¿nos quitan derechos? ¿Nos quitan gratuidad? ¿Nos quitan salud? No podemos legitimar esa política, yo no estoy de acuerdo”.
La ex dirigenta estudiantil dijo, además, que está disponible para discutir mecanismos para avanzar al 100% de la gratuidad: “Obviamente, las condiciones económicas cambiaron, yo creo que podríamos haber hecho un esfuerzo redistribuyendo recursos de las Fuerzas Armadas y lo sigo creyendo”.
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, opinó que el tope de gratuidad en el sexto decil “es reflejo de la situación económica”. Y dijo que, “por un parte, es lamentable que no se pueda progresar hacia ese grupo que tendría que seguir con becas. Pero también es una muestra de austeridad y seriedad fiscal que permitirá dar pasos seguros”.
El economista de Clapes UC Carlos Williamson explicó que actualmente hay 125 mil estudiantes beneficiados con la gratuidad, lo que implicó una inversión de $ 90 mil millones (US$ 150 millones). “Para el próximo año habría que agregar recursos para unos 55 mil alumnos de IP y CFT. Y al agregar el sexto decil en las 30 universidades que ya están en la gratuidad se sumarían otros 120 mil estudiantes. Eso demandaría otros $ 90 mil millones extras, al menos”, indicó .
En tanto, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, planteó que “como está diseñada hoy la gratuidad genera fuertes déficits en las instituciones, y si no se resuelve esta situación de déficit es probable que no se incorporen nuevos planteles”.
Y el diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que “este fue un discurso que sincera cifras. Nos dicen, sin decirnos, que gratuidad será por glosa y que se incorporará a IP y CFT que el gobierno dejó fuera después del fallo del TC”.
Por otro lado, el director de Política Educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, añadió que “antes de comprometer una meta en torno a la gratuidad, para nosotros es más importante tener las reglas del juego para la reforma, modificar institucionalidad, regulación y acceso. Creemos que hay que cambiar las prioridades en ese sentido”.
La economista de la U. Diego Portales Claudia Sanhueza advirtió que “creo que esto pone en duda la gratuidad universal, porque si ahora no están los recursos para avanzar más, no sé de qué manera se puede dibujar el avance hacia el ciento por ciento de gratuidad”.
