La Tercera: Gratuidad: Hacienda calcula en hasta $ 250 mil millones costo adicional para 2017
El sábado la Presidenta Bachelet oficializó que la gratuidad 2017 se extenderá a los alumnos que pertenezcan a los cinco primeros deciles de institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los criterios ya establecidos: no tener fines de lucro y que cuenten con cuatro años de acreditación.
¿Cuánto costaría la ampliación de dicho beneficio? Según proyecciones del Ministerio de Hacienda hay disponible un financiamiento que va desde $ 160 mil millones a $ 250 mil millones adicionales al presupuesto de la gratuidad 2016.
Cabe destacar que cuando se inició la tramitación de la glosa, que fijó las condiciones de la gratuidad, se destinó un presupuesto de $ 536 mil millones. De ellos, $ 177 mil millones eran recursos frescos y el resto provenía de fondos que se sacaron de becas y créditos universitarios. Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el presupuesto de gratuidad se redujo a $ 517 mil millones y, este año, con el ajuste fiscal, se dio a conocer que se redestinaron $ 50 mil millones a otras áreas.
El cálculo de Hacienda para el segundo año del beneficio varía, porque aún no hay claridad si podrán sumarse nuevas universidades a las 30 que calificaron (hay tres que rechazaron sumarse este año) o cuántas instituciones técnicas lograrán transformarse en entidades sin fines de lucro.
Otro punto que abre margen de duda es si todos los alumnos potenciales beneficiarios optarán por la gratuidad. Este año, 70.000 alumnos que cumplían con los requisitos iniciaron el proceso para obtener la gratuidad, pero no lo terminaron. Precisamente predecir el comportamiento de los alumnos es el factor más difícil de considerar, según Hacienda.
Para el senador Carlos Montes (PS), lo central para calcular el financiamiento es saber “cuántos alumnos van a ingresar y qué beneficios tenían previamente, porque parte de esos fondos se pueden usar para el presupuesto de gratuidad”.
En tanto, el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, subrayó que “es importante saber si se va a utilizar el mismo arancel regulado que se está ocupando hoy”. Esto, principalmente, porque aún no se ha hecho “una evaluación de cómo se ha desempeñado la fórmula actual del arancel regulado”, que está generando déficit en algunos planteles.
Cambio en los criterios
Tanto la meta de cobertura de la gratuidad para el próximo año como su ampliación al sexto decil en 2018, fueron temas centrales en el comité político que se realizó ayer en La Moneda.
Y una de las principales preocupaciones entre algunos parlamentarios es asegurar que efectivamente las instituciones cumplan con uno de los criterios para participar en esta política de financiamiento: no tener controladores con fines de lucro en el directorio.
Así, abogaron por una modificación en los requisitos, que impida que universidades cuestionadas puedan sumarse a la gratuidad y se asegure la calidad.
La idea, al parecer, ya se está barajando en el Mineduc. Ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral, señaló que “el beneficio no es para que los alumnos estudien en cualquier lado. Las universidades deben estar debidamente acreditadas, por lo tanto habrá que revisar cuáles son las condiciones para que efectivamente demos esa garantía”.
En tanto, desde el Cruch señalaron que ser parte del Sistema Unico de Admisión (SUA) vía PSU debería ser un criterio importante para ingresar al sistema de gratuidad. Diego Durán, rector de la U. Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, cree que debe ser una obligación.
Dicho criterio no sería para favorecer o ir en contra de ciertas instituciones, aclaró el rector Durán, sino que “son medidas a favor de los alumnos”, dijo.
Precisamente, en abril el Cruch decidió rechazar la postulación de la U. Autónoma al SUA, argumentando que dicho plantel no presentó pruebas suficientes para determinar la ausencia de lucro. Esto despertó fuertes críticas y más de alguna alarma en torno a los filtros de la política de financiamiento.
Para el rector Valle no es necesario que las instituciones entren al SUA. “La ley podría establecer condiciones de admisión para las universidades, por ejemplo, puntajes de corte”, dijo.
Pero, para algunos, la acreditación continúa siendo el único gran criterio que debiera ser utilizado. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar sostuvo que la acreditación es un criterio útil “para ordenar las instituciones. Hay requisitos discutibles que tienen que ver con la selectividad y el sistema de admisión está en esa línea. Poner ese elemento como restricción para incorporar políticas no es correcto”, señaló.
