La Tercera: Gratuidad para 20% más rico cuesta más del doble que para quintil más vulnerable
Por P. Salazar
Cómo se implementará la gratuidad en el país, cómo se gastarán los recursos y si alcanzará lo recaudado por la reforma tributaria son parte de los cuestionamientos que tienen tanto los expertos en educación superior, como las autoridades del Mineduc que ya trabajan en la elaboración del proyecto de ley que, se espera, ingrese al Congreso a fines de este año.
Una de esas preguntas fue contestada por un estudio de Acción Educar -fundación integrada por ex autoridades y asesores del Mineduc de la anterior administración-, el que arrojó que el costo de la gratuidad total para todo el sistema es de US$ 4.975 millones. El monto alcanzaría a cubrir las carreras de todos los matriculados en universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).
El análisis se realizó considerando el valor promedio de los aranceles de cada tipo de institución, el cual fue multiplicado por el total de alumnos en el sistema, que asciende al millón de jóvenes.
Uno de los ejercicios que hizo el estudio fue ver cuánto se gastaría para que los alumnos accedan a carreras costo cero, según el quintil socioeconómico de procedencia. Del total, casi un tercio (US$ 1.411 millones) se destinaría a costear las carreras de los alumnos más acomodados (quinto quintil). La misma operación, para estudiantes más vulnerables, le demandaría al Estado una inversión de US$ 559 millones. (ver infografía).
La diferencia se explica porque sólo el 11% de los alumnos del primer quintil logra acceder a educación superior, versus el 28% de los más ricos. “Se confirma que una gratuidad universal, sin exclusión, es una política injusta en términos del gasto fiscal, porque se destina la mayor parte de los recursos a financiar estudios de alumnos más ricos. En promedio, se gasta 2,5 veces más en los de familias acomodadas que en los más pobres”, explica el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, ex jefe de la División Jurídica y jefe de Asesores del Mineduc.
El arancel anual y costo de matrícula en universidades asciende, en promedio, a $ 2,9 millones, mientras que en los CFT e IP es de $ 1,4 millones. En estas últimas instituciones se matriculan más alumnos egresados de colegios municipales, por lo que serán ellos quienes se lleven los menores beneficios de la política de gratuidad, concluye el estudio.
Para el experto en educación de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, estas cifras son uno de los principales argumentos que se esgrimen contra la gratuidad para todos: “Es profundamente regresiva, la misma Presidenta ya lo había dicho en 2013, cuando dijo que ella no dejaría que el Estado le pagara la educación de sus hijos”.
Los US$ 4.975 millones que considera el estudio no contemplan los recursos que ya se destinan vía becas y créditos. Si se resta ese ítem, el costo incremental de la gratuidad, según el estudio, es de US$ 3.613 millones. Una cifra que comparte la académica de la UDP y asesora en la materia en el Mineduc, Claudia Sanhueza.
Sin embargo, la experta aclara que para hacer bien el ejercicio hay que mirar cuánto aumentaría el ingreso de los más vulnerables respecto de los ingresos que perciben. “Al haber gratuidad, se incrementan en un 15% los ingresos de ese grupo, en cambio el de los más ricos es del orden del 3%. Este sería el impacto distributivo”.
Sanhueza agrega que para analizar el impacto de la medida hay que mirar cómo ese gasto afectará al individuo, porque esto conlleva, también, que los más acomodados paguen más impuestos. “Ellos aportarán US$ 3 mil millones adicionales a los que gastan en la materia. Ahí se vuelve progresiva la política”, explica.
Promesa del gobierno
En el período que le queda al Ejecutivo, la idea es llevar la gratuidad hasta el 70% más vulnerable. Una idea que costaría US$ 1.600 millones. La cifra se cuadra con los montos calculados por el gobierno. “Según lo estimado por las autoridades del Mineduc, los recursos podrían alcanzar, pero no para la política universal. Esto tiene más sentido desde el punto de vista del gasto público”, dice Figueroa.
El representante de Acción Educar añade que “si restringes la medida al 70%, corriges el error de destinar más recursos en los ricos y concentras los montos en los con más necesidad”.
Una opinión que comparte Brunner: “Esto es completamente progresivo, porque ahí lo que se está haciendo es destinar los recursos a los que por su cuenta no pueden pagar la educación superior”.
Respecto de cómo se debería implementar el derecho, el ex ministro señala que debieran mantenerse los créditos y becas y financiar la brecha que afecta a los alumnos de los primeros quintiles.
