La Tercera: Informe del Banco Mundial cuestionó en junio fórmula diferenciada para gratuidad
Por P. Salazar
Fueron meses de discusión y polémica en torno a la fórmula que decidió el gobierno y que daría pie a la gratuidad en 2016. La Alianza calificaba la alternativa inicial como “arbitraria y discriminatoria”, por permitir el ingreso directo a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), mientras que a las universidades privadas, CFT e IP les exigía que tuvieran, al menos, cuatro años de acreditación y que se convirtieran en fundaciones o corporaciones. La polémica ahí se desató porque tres planteles del Cruch no alcanzaban los años de certificación solicitados al resto de las instituciones.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió la mayoría de los reparos de la oposición, logrando que el gobierno -de forma urgente- adoptara otros planes para el inicio del beneficio que, hoy, mezcla el sistema de becas y aportes directos a las instituciones.
Sin embargo, ya en junio de este año, un informe elaborado por el Banco Mundial, al que accedió La Tercera, advertía de los mismos riesgos y sugería que para alcanzar la meta era necesario tener un sistema grueso en cuanto a control de recursos, y a que el mecanismo para alcanzar la gratuidad debía realizarse mediante a una fórmula universal, sin distinguir entre universidades, IP y CFT. “La misma fórmula básica debe aplicarse a los distintos tipos de instituciones. Crear diferentes fórmulas (…) complica la operacionalización del sistema y puede conducir a inequidades, innecesarias estratificaciones o percepción de discriminalidad en la distribución de recursos”, cita el texto.
El informe, encargado por el gobierno, tuvo como propósito orientar sobre cómo alcanzar la gratuidad total y contribuir a informar en torno a la mejor manera de determinar los costos de formación de la educación terciaria. El escrito dejó un precedente “que pudo evitar el entorpecimiento ocurrido en los últimos meses”, señala el experto y académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner.
“El gobierno desoyó las sugerencias del informe, porque efectivamente estuvo enredado desde mayo en un problema que el banco previó sobre criterios discriminatorios”, explicó.
Para el ex asesor del Mineduc en el gobierno de Piñera y director de Acción Educar, Raúl Figueroa, “lo que queda en evidencia es que la gratuidad para 2016, haciendo caso omiso a las sugerencias del informe del Banco Mundial y al anticiparse a la implementación de la política, estableció en la glosa un mecanismo que no tiene ningún fundamento y no obedece a ninguna lógica”.
A juicio de Figueroa, hay varias advertencias del informe que son interesantes. Por ejemplo, dijo, “la importante necesidad de dar tratamiento similar a todas la instituciones y los inconvenientes de hacer distinciones que carezcan de fundamentos. Lo que coincide en mucho con la polémica y posterior sentencia del TC sobre discriminación arbitraria”.
Para el economista de la UDP, Felipe Salazar, no es justo comparar el informe con la glosa, dado que “esta última se decidió por razones políticas y los cambios no son tan drásticos, ya que se cambia la lógica de becas a gratuidad. Pero la gran diferencia será cuando se amplíe a más alumnos e instituciones”.
El experto agregó que “estos beneficiados por la ley corta van a influir en la discusión que se viene y estos casi 200 mil alumnos van a influir en la discusión. El gobierno ya introdujo la idea de que la gratuidad se puede y es difícil que ahora este beneficio se pierda”.
El gobierno se comprometió a entregar la próxima semana el proyecto de educación superior, que contempla el cambio de financiamiento para alcanzar la gratuidad al 70% en el gobierno de Bachelet. “En el informe se propone como punto base para avanzar en el proyecto, un mecanismo consensuado y adecuado para establecer los modos de financiamiento. Esto no ha ocurrido tampoco”, señaló Figueroa.
El informe sugiere etapas para implementación del nuevo modelo de financiamiento. Entre los primeros pasos está (ver secundaria) potenciar el sistema de aseguramiento de la calidad, incluir a todos los actores y se sugiere conformar grupos de discusión y trabajo con los recintos, y un sistema de control de gastos adecuado.
