Columna en La Tercera: La ley de amarre de la gratuidad

• 26 de Mayo, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador Acción Educar.

En su cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta de la República comenzó hablando de la reforma educacional, incluso antes de referirse al crecimiento económico. Respecto a la materia, solo hubo dos anuncios. El primero es que la gratuidad va. No se logrará en este gobierno, pero se dejará “amarrada” por ley la forma en que llegará a cubrir a la totalidad de los estudiantes de educación superior del país. El segundo es que el nuevo sistema de acreditación será obligatorio y dependerá de un Consejo.

¿Cómo leer el primer anuncio? Su posición prominente en el discurso indica que la determinación de la Presidenta no se ve mermada por la situación económica del país ni por las críticas de sectores del oficialismo. La vaguedad de sus palabras respecto a cómo se llevará a cabo una política de esta complejidad contrasta con la claridad del mensaje central: el gobierno piensa la gratuidad como una política universal, tal como lo afirma el programa de gobierno.

Es importante señalar este punto, porque la discusión de la gratuidad como política pública no parece haber tomado nota de esto. El debate reciente en relación a la gratuidad se ha concentrado en la implementación desprolija de la glosa presupuestaria por parte del Ministerio de Educación. Pero pocos parecen recordar que estos elementos son banales ante el problema central: el gobierno sigue firme en la promoción de una política regresiva, extremadamente cara, y que no enfrenta las debilidades del sistema. Lo que hasta ahora se sabe del proyecto de ley de gratuidad es que esta vendrá acompañada de la fijación de precios, la promoción de un modelo único de universidad y con una participación prominente del Estado centrada en la lógica de vigilar y castigar.

Dejar establecida mediante una ley la expansión de la gratuidad y al mismo tiempo reducir el porcentaje que logrará en este mandato es una doble jugada conveniente para el gobierno pero injusta para el país. Mientras que a la actual administración solo le queda cubrir el decil 6 para lograr su meta, le deja un salvavidas de plomo al próximo. La administración siguiente deberá buscar los recursos para financiar al 40% más rico de la población, lo que es obviamente más caro (el número de jóvenes de los deciles más ricos es mayor), menos popular y sobre todo, menos rentable socialmente. Este gobierno está obligando al próximo a tener una billetera más fácil (y más abultada).

En otras palabras, discutir sobre la gratuidad para los estudiantes más vulnerables es completamente diferente a discutir la gratuidad universal. Hace falta recordar qué política es la que resuelve los problemas que tiene el sistema. Buscar mecanismos para asegurar el acceso, la inclusión y la permanencia efectiva de los estudiantes más vulnerables es sin duda una prioridad, pero esta difícilmente se alcanzará a través de la gratuidad universal.  No nos vayamos a dar cuenta demasiado tarde.

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