La Tercera: Las 13 disposiciones de la reforma educacional que obligarían a gobierno a negociar votos

Por D. Muñoz

La reforma educacional continúa sobre la mesa. El artículo primero del proyecto del gobierno, que busca eliminar el lucro, la selección y el financiamiento compartido en el sistema escolar -y que tiene ocho disposiciones-, apunta a modificar aspectos de la actual Ley General de Educación (LGE), que es una normativa orgánica constitucional. Por ello, para ser modificada, ésta requiere un quórum especial: 4/7 en cada una de las cámaras del Congreso.

Así, en la Cámara de Diputados, el quórum requerido son 68 votos. Y la Nueva Mayoría cuenta con 67 parlamentarios, por lo que debería contar con el apoyo de legisladores fuera del pacto: Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda y Vlado Mirosevic aparecen como fundamentales.

En el caso del Senado, el gobierno necesita 22 sufragios y cuenta con 21, por lo que tendrá que buscar el respaldo de congresistas independientes: Carlos Bianchi y Antonio Horvath.

Según un análisis del centro de estudios Acción Educar, serían, al menos, 13 las disposiciones que van a requerir de un quórum especial. Ocho están contenidas en el artículo primero y se refieren a la “admisión, evitar la discriminación y prohibir la selección en los establecimientos”, según indicó el director ejecutivo de la entidad, Raúl Figueroa.

El ex asesor jurídico del Ministerio de Educación agregó que hay otras cinco disposiciones del artículo segundo que, si bien modifican la Ley de Subvenciones (que requiere mayoría simple), “al referirse a los procesos de selección, que están regulados en la LGE, también, a nuestro juicio, necesitan quórum orgánico constitucional”.

Esto, porque la LGE prohíbe la selección por condiciones académicas hasta sexto básico, “y la permite de séptimo en adelante. Por lo mismo, para prohibir la selección desde ese nivel hacia adelante, lo que se hace es alterar el régimen de selección  que está permitido hoy día en una ley de rango orgánico constitucional”, explicó Figueroa.

Por lo tanto, para aprobar esta parte de la reforma, el gobierno deberá buscar votos, principalmente en el Senado, porque en la Cámara se espera el apoyo de Boric y Jackson.

TRAMITACION

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde a mediados de agosto sus integrantes deberían votar para aprobar, en general, la idea de legislar. Luego, revisarán cada artículo y, posteriormente, efectuarán indicaciones. El presidente de esa instancia, el DC Mario Venegas, explicó que aún no definen cuáles artículos van a requerir de mayoría especial. Dijo que “como hemos estado centrados en escuchar las audiencias, aún no hemos entrado en esa materia, que es propia de la votación general y particular”.

Venegas detalló que, una vez aprobada la iniciativa, la comisión elabora un informe donde se especifican los tipos de disposiciones que requieren un quórum calificado, en base a un documento técnico que hace la secretaría de la instancia que él preside. “Si  hay dudas, se vota, y si alguien no queda conforme, puede acudir al Tribunal Constitucional”.

Si la Nueva Mayoría completa se alinea con el proyecto, el gobierno no debería tener problemas para conseguir los votos en la Cámara. Pero en el Senado se requeriría de negociaciones. “Tendrán que resolver ahí cómo consiguen el apoyo para el proyecto”.

Ahí es donde aparecen los fantasmas de las críticas al gobierno y al Senado por consenso al que llegaron en la reforma tributaria. “Los senadores van a pensarlo un poco más antes de repetir una estrategia similar a la que se usó, porque ha estado fuertemente cuestionada. No resultó muy presentable y espero que no se repita”, sostuvo Mario Venegas.

UNIDAD

A juicio del presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, lo fundamental en la tramitación del proyecto y en todos los que van a componer la reforma educacional, será que los parlamentarios del oficialismo estén alineados.

“Lo importante es que la Nueva Mayoría esté unida, vamos a tener que hacer un debate profundo respecto de lo que queremos, porque esto no es un solo proyecto de ley. Tenemos que procesar nuestras diferencias y cumplir el programa que comprometimos con el país”, afirmó Rossi.

Respecto de la necesidad de buscar apoyos, el senador socialista indicó que “me costaría mucho pensar que Bianchi o Horvath votaran en contra, creo que tenemos los votos”.

La asesora jurídica de Libertad y Desarrollo, Constanza Hubbe, planteó que algunas normas del proyecto de ley, aun cuando no modifiquen la LGE, sí son de rango orgánico constitucional: “Un ejemplo de eso es la obligación de constituirse como corporación o fundación para efectos de recibir la subvención”.

El senador de Renovación Nacional Andrés Allamand planteó que “la mayoría de las normas que afectan aspectos fundamentales del sistema educacional son leyes orgánicas constitucionales, partiendo por la propia LGE”.

El ex ministro añadió que se debe considerar que “la norma, que pretende impedir la creación de nuevos colegios subvencionados, haciéndola depender de la evaluación de la matrícula que tenga el ministerio, es claramente inconstitucional”.

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