La Tercera: Nueva carrera docente exigirá casi la mitad de los recursos de la R. Tributaria para educación
Por J. Herrera y M. Nahas
“Los profesores son el alma del proceso educativo y van a ser también la pieza central de la reforma educacional y la llave para acceder a la calidad que todos transversalmente aspiramos”. Con esas palabras un alegre ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, abría la ceremonia que tuvo como eje central la firma del proyecto de ley que crea el Plan Nacional Docente, con el cual el gobierno aspira a mejorar la realidad de los profesores en Chile.
La propuesta legal que hoy ingresará a la Cámara de Diputados apunta a establecer una nueva formación inicial, una certificación profesional y “la creación de una nueva carrera profesional docente con reglas claras de ascenso, sistemas de apoyo, evaluación y formación permanente, además de mejores remuneraciones desde el ingreso de la carrera”, detalló Eyzaguirre.
En materia de remuneración, el Mineduc propone un alza de un 28%, estableciendo así que aquellos profesores que parten con 37 horas semanales suban sus sueldos desde $ 590 mil a $ 800 mil, mientras que los que cumplen el horario máximo (44 horas) pasen de $ 637 mil a $ 950 mil, acercándose al objetivo planteado por el Colegio de Profesores de un sueldo inicial de $ 1.000.000 (ver infografía).
No cuadra la caja
El proyecto de Política Nacional Docente será, también, el que más inversión demandará por parte de Estado durante este gobierno, como lo precisa el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma. “En términos de recursos permanentes, el proyecto destinado a los profesores es el más grande de todos, ya que implica una inversión en régimen de US$ 2.300 millones, casi el doble de lo que cuesta el de Inclusión”.
El presupuesto anual que demandará la nueva carrera docente representará, además, casi la mitad de los US$ 5 mil millones que la reforma tributaria destina a Educación año a año. Si a eso se suma que el proyecto de Inclusión, que está en implementación, significará una inversión de US$ 1.300 millones, más US$ 500 millones por el aumento de presupuesto parvulario y los US$ 1.900 ó US$ 2.000 millones que exigirá la gratuidad para el 70% de los alumnos más pobre de la educación superior, las cifras no cuadran para el senador Fulvio Rossi (PS). El ex presidente de la Comisión de Educación llama a sincerar el discurso y a destinar los US$ 8.500 millones que, en total levanta la reforma tributaria, exclusivamente a educación. “Hay que decirle a la ciudadanía que por Chile vamos a destinar el total de los recursos de la reforma tributaria a educación. Desde un comienzo ésa era la idea, hasta que a alguien se le ocurrió meter otras cositas. Hoy nos damos cuenta que la caja no cuadra y hay que hacer algo. La ciudadanía lo va a entender muy bien”, concluyó.
El senador Andrés Allamand coincide en el juicio y advierte que el déficit que proyecta el gobierno entre las promesas y la realidad bordea los US$ 3.700 millones. “El costo de la carrera docente confirma que la reforma educacional se encuentra absolutamente desfinanciada. Los 5.000 millones de dólares comprometidos para la cartera se van casi completamente en educación superior y la carrera docente es casi la mitad de la reforma tributaria para educación. Todo ello sin considerar los otros gastos que implican la creación de nuevas universidades estatales, CFTs y la desmunicipalización. El gobierno debiera transparentar el déficit de la reforma y reformular con claridad las prioridades para prevenir los conflictos que inevitablemente se producirán si se siguen inflando expectativas que no se pueden cumplir”.
El experto Raúl Figueroa, de Acción Educar, apunta que “el gobierno parece haber priorizado un proyecto que genera amplio consenso. Los recursos para la gratuidad universal no van a ser suficientes. No hay espacio para cumplir con los dos proyectos juntos”.
Enseña Chile: “El proyecto va en la dirección correcta”
La exclusividad de ejercicio de la profesión fue uno de los puntos más aplaudido del proyecto por los profesores, ya que con esta cláusula se busca evitar que otros profesionales puedan hacer clases sin contar con una licenciatura en pedagogía. Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, precisa que “hoy la norma permite que alguien que es licenciado haga clases, lo que se perfecciona ahora es que si esa persona quiere seguir haciéndolo deba contar con un título en pedagogía. Hoy nos faltan profesores en muchas áreas y por eso se ha permitido, mediante decretos de excepción, que sigan ejerciendo”.
Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, fundación que cuenta con una red de profesionales de distintas carreras con vocación pedagógica y que hacen clases en colegios vulnerables, cree que “el proyecto va en la dirección correcta. El artículo 46 tenía a mi juicio dos grandes problemas: efectivamente permitía que cualquiera hiciera clases. Si quieren que haya gente que tenga el título de profesor, es fundamental revisar la regulación actual de las facultades de Educación. Nosotros, al igual como lo plantea la ley, no creemos que alguien sin formación docente pueda hacer clases”.
