Acción Educar apunta a que estas ayudas estudiantiles financien el arancel regulado, independientemente de la naturaleza de la institución donde asista un alumno.
Actualmente, un alumno de una universidad que pertenece al Consejo de Rectores (Cruch) que es beneficiado con una beca estatal de arancel recibe, en promedio, $ 2.499.165, mientras que un estudiante de iguales condiciones socioeconómicas que está matriculado en un plantel privado, obtiene un financiamiento anual de $ 1.119.960. Esta diferencia, según un estudio de Acción Educar, representa una discriminación que proponen sea eliminada mediante la equiparación de beneficios, dejando fuera de la asignación de recursos la naturaleza de la institución.
Acción Educar elaboró una propuesta de financiamiento estudiantil que tiene tres pilares: dos nuevas becas de arancel, creación de un nuevo crédito sin participación de los bancos y condonación de intereses del CAE y reprogramación de deudas.
En materia de becas, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, dijo que apuntan a “eliminar las discriminaciones entre las distintas becas, porque hoy el estudiante que asiste al Cruch tiene mejor beca”.
Rodríguez detalló que la propuesta en materia de becas apuesta a un incremento del gasto en este tipo de ayuda estudiantil por $ 234 mil millones.
“Es una propuesta cara, porque apunta a equiparar todas las becas al arancel regulado y que todos los estudiantes de iguales condiciones socioeconómicas accedan al mismo financiamiento”, indicó Daniel Rodríguez.
Otro pilar de la propuesta de Acción Educar es la reprogramación de deudas del CAE y la condonación de intereses para quienes tengan menos de 12 cuotas morosas. Esto tendría un costo de $ 16 mil millones.
Esto se complementaría con la creación de un nuevo crédito estatal sin participación de los bancos y donde los montos que no son cubiertos por el crédito sean financiados por el estudiante.
Justamente sobre este punto el gobierno pondrá énfasis legislativo, retirando el proyecto de crédito que había presentado el gobierno anterior y presentando una nueva iniciativa. Y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dijo este martes en un foro que van a “apuntar a un sistema único de créditos que esté disponible para los alumnos que no acceden a la gratuidad en caso de instituciones con este beneficio y también para los alumnos que accedan a instituciones que no han adherido a esa política de gratuidad, con el propósito de evitar que sean las restricciones económicas las que marquen las decisiones de los jóvenes”.
En total, la propuesta de financiamiento estudiantil impulsada por Acción Educar tiene un costo de $ 756 mil millones, sumando lo que hoy se destina a estas ayudas y las nuevas propuestas en materia de beca y condonación de intereses.
El investigador de la U. Diego Portales José Joaquín Brunner planteó que “me parece una iniciativa interesante. Busca poner fin por tanto a las diferencias injustificadas y sin fundamento racional que hoy existen en el otorgamiento de becas de desigual valor según las características de las instituciones”.
Brunner planteó que “es importante que un modelo general de financiamiento de la educación superior contemple no sólo un robusto esquema de ayudas estudiantiles, sino, además, un esquema de recursos para las instituciones que responda a la lógica de un régimen mixto de provisión, donde todas las instituciones que cumplen un fin público y se hallan bajo la normativa del Estado reciban recursos sin discriminaciones injustificadas”.