Columna en La Tercera: ¿Qué defender en educación?

• 20 de Diciembre, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Los programas de gobierno, en general, se destacan por sus propuestas. Lo que se busca en estos son ideas nuevas, innovaciones, miradas diferentes, cambios. Terminada la campaña, una administración nueva debe preocuparse de implementar su agenda, pero también de resguardar y potenciar lo que ya existe y es valioso para su proyecto. ¿Qué debe proteger el Presidente electo en educación?

Primero, se debe defender la idea general de que el Estado financia y apoya preferentemente a las personas para que se eduquen, o dicho de otra manera, el financiamiento a la demanda. Esto se materializa, de manera muy concreta, en la subvención escolar. La lógica de la subvención es simple: consiste en que para asegurar que todos los ciudadanos elijan dónde y cómo educar a sus hijos, el Estado entrega un monto de dinero determinado al establecimiento educacional que ellos determinen. Los establecimientos que sean preferidos, y logren retener a los estudiantes, reciben financiamiento. Los que no, lo pierden. Desde algunos sectores políticos ha surgido la idea de financiar directamente a las escuelas, en base a variables como metros cuadrados, si son públicas o privadas, o su ubicación. Argumentan que esto aseguraría mejor el derecho a la educación. Pero la verdad es que todas esas variables pueden incorporarse a la lógica de la subvención: en efecto, la subvención escolar preferencial entrega más recursos a los estudiantes que por su origen socioeconómico requieren mayores recursos para lograr los aprendizajes. Asimismo, la deserción es aún un problema muy grave en la educación media, y la subvención por asistencia es una forma de mantenerla a raya. El financiamiento a la oferta no es solo más ineficiente, si no que tiende a crear grupos de interés, agrupados alrededor de esta fuente segura de recursos, más preocupados de asegurarse una tajada antes que de lograr que los estudiantes asistan y aprendan.

Vale decir que esto también es aplicable a la educación superior: becas y créditos, que tienen las virtudes del financiamiento a la demanda, deben protegerse frente a la presión creciente del CRUCh y las universidades estatales por mayores fondos basales. Aquí aplica la máxima de “no hay mejor defensa que un buen ataque”: deben reforzarse activamente los programas de becas, asegurándose la eliminación de toda discriminación arbitraria entre estudiantes de igual vulnerabilidad, y mejorando sustantivamente el sistema de créditos. Esto último fue una propuesta de ambas candidaturas.

Segundo, se debe defender el principio de pesos y contrapesos que había sido central en las políticas públicas de los gobiernos anteriores. Dada la dimensión política y polémica de la educación, y la importancia de proteger la libertad de enseñanza y la autonomía de los establecimientos, las instituciones públicas dedicadas a implementar políticas educativas (Ministerio de Educación, Agencia de Calidad, Superintendencia, Consejo Nacional de Educación, Comisión Nacional de Acreditación, entre otros) se controlan mutuamente mediante un sistema de “chequeos” administrativos considerados en la ley, de manera que ninguna autoridad ni institución tiene el control total y centralizado sobre el sistema educacional. Para dar un ejemplo corto: el número y frecuencia de las pruebas Simce la propone el Ministerio de Educación, en base a un informe de la Agencia de Calidad de la Educación, pero debe ser aprobada por el Consejo Nacional. Esto aumenta la burocracia pero permite que las decisiones de política educativa no se concentren en una sola autoridad política, ni se tomen arbitrariamente o de manera poco transparente. Particularmente en Educación Superior, esta lógica fue abandonada por el gobierno saliente, proponiendo siempre la concentración total e indisputada de atribuciones en la Subsecretaría de Educación, incluso quitándole atribuciones que les son propias a las universidades. Este tipo de propuestas disminuyen la autonomía de las instituciones y consolidan un poder omnímodo del Estado, cuyas consecuencias son frecuentemente la homogenización, la arbitrariedad y la captura política.

El nuevo gobierno enfrentará importantes desafíos en educación. Sin embargo, con la misma fuerza con que buscará implementar sus propuestas, debe proteger los principios que sustentan los éxitos y virtudes del sistema educativo chileno.

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