En la sesión del Consejo de Rectores (Cruch), realizada el jueves en Antofagasta, los representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) confirmaron uno de los principales temores de los sectores que aspiraban a que la reforma a la educación superior hiciera cambios profundos en todo el sistema: no habrá una modificación estructural del actual modelo de financiamiento a las instituciones.
Para los rectores, está noticia implica que se mantengan los actuales instrumentos mediante los cuales se distribuyen los recursos y que, según ellos, mantienen el modelo de subsidio a la demanda y no apunta a fortalecer a las instituciones. Actualmente se entrega el Aporte Fiscal Directo (AFD), basado en un 95% en criterios históricos y en un 5% de acuerdo a resultados de desempeño académico y de matrícula (ver infografía).
Según indicaron en el Cruch, el asesor del Mineduc para la reforma, Rodrigo González y el jefe de la División de Educación Superior (Divesup), Francisco Martínez les explicaron que los ejes del proyecto de reforma, que ingresará en junio al Congreso, son calidad, regulación y gratuidad.
La ausencia de un cambio estructural en el modelo de financiamiento fue calificada por el senador Jaime Quintana (PPD) como una equivocación. A juicio del parlamentario, quien es integrante de la Comisión de Educación del Senado, “sería un profundo error mantener el subsidio a la demanda porque perjudicaría a las universidades estatales y regionales”.
Quintana dijo, además, que “demorarnos tanto en preparar el proyecto, para finalmente mantener el mismo esquema de financiamiento, no es una buena noticia”.
El senador Fulvio Rossi, quien también participa en la Comisión de Educación, dijo que “el modelo debe cambiar y el financiamiento de la educación superior debe vincularse estrechamente al grado de complejidad, calidad y producción de bienes públicos”.
El parlamentario agregó que “nuestro sistema valora la diversidad de proyectos educativos y en este sentido hay que entender que lo público va más allá de la naturaleza jurídica de las instituciones. A las universidades estatales se les debe eliminar los lomos de toro para su gestión. Y finalmente debe existir un componente territorial a la hora de asignar recursos”.
“No es nuestra reforma”
La noticia molestó a los dirigentes del movimiento estudiantil. La vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Marta Matamala, afirmó que “si ese es el contenido que viene en la reforma, nosotros creemos que no es nuestra reforma y no estamos dispuestos a defenderla en esas condiciones”.
Matamala subrayó que “nos vamos a jugar por un proyecto que sí tenga cambios reales y no esta reforma que sigue manteniendo el mercado”.
En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Rojas, planteó que “este anuncio da cuenta de que no hay reforma y esa situación no podemos permitirla los actores educativos, en este caso los rectores ni tampoco el movimiento social”.
La dirigenta añadió que “los cambios son necesarios porque la educación sigue segregando a miles de estudiantes, por lo tanto que la reforma exista es fundamental y para lograr este objetivo hay que trabajar de manera conjunta”.
Hoy, la Confech tiene una sesión extraordinaria para analizar los resultados de la movilización y las acciones a seguir ante el nuevo escenario, una vez conocido que se van a mantener los instrumentos de financiamiento. Según los dirigentes esta noticia podría implicar una radicalización de las movilizaciones y no descartan un llamado a paro nacional.
El jueves tras la reunión del Cruch, Francisco Martínez, aseguró que “al haber regulación de aranceles y de la matrícula, no puede crecer la matrícula ni modificarse los precios, entonces ya no tienes un mercado”.
A juicio del director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, en el financiamiento institucional “deben modificarse los mecanismos siguiendo dos criterios: concursabilidad de los recursos, y pagos considerando resultados medibles”. Estos fondos, dijo, “deben estar disponibles para todas las universidades que cumplan con estándares de calidad, que debiese ser la acreditación, y no sólo para las universidades del Cruch”.
Para el director de la Cátedra Unesco de Inclusión en la Educación Universitaria, de la U. de Santiago de Chile, Francisco Javier Gil “sería preocupante que se siga financiando el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que financia a los 27.500 mejores puntajes de la PSU, suponiendo que son los mejores estudiantes”.
Además, dijo que “creemos que las becas y créditos, al estar sujetas a un criterio también en base a la PSU de Matemáticas y Lenguaje, generan como consecuencia que el Estado pierda US$ 780 millones por estudiantes que finalmente no se titulan debido a un error de predicción, al no considerar las otras pruebas ni las notas de enseñanza media”.