En el discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que en 2016 comenzaría el proceso de gratuidad, beneficiando al 60% de los alumnos más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que generó escepticismo en los planteles privados por quedar al margen del beneficio.
Hoy, el escenario es distinto. El viernes la Mandataria aterrizó los objetivos y dio un giro en el discurso: la gratuidad universal se alcanzaría “en la medida en que la economía vaya creciendo y exista disponibilidad de recursos fiscales”.
Sobre este nuevo escenario, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes, consideró “prudente que no se bajen los objetivos y que se midan los medios con realismo y seriedad”.
En ese sentido, el rector manifestó que está bien ligar el proceso de gratuidad universal con el crecimiento económico, “siempre que se cumplan las metas”. Y agregó que “es prudente tener los medios adecuados y si no están, hay que ver cómo se alcanzan”.
El rector Montes añadió que “no siempre se pueden planificar las crisis o las recesiones económicas. Puede ser que al momento en que se planificó esta medida, los recursos alcanzaban”.
El giro anunciado por Bachelet generó críticas desde la bancada estudiantil. Ayer la diputada Camila Vallejo (PC), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, dijo en La Tercera que “La gratuidad universal se debe cumplir y para eso no debe haber excusas”.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de la fundación Acción Educar, señaló que “nos parece razonable que el gobierno piense en adecuar la reforma a la educación superior de acuerdo a la realidad del país y a las restricciones presupuestarias que existen, en ese sentido es una buena señal”.
Figueroa añadió que es difícil “amarrar” reformas que serán complicadas de financiar a futuro, por lo que “parece prudente que esa realidad se imponga, y se acote la gratuidad a lo que efectivamente el país puede pagar y a lo que sea más conveniente para el sistema”.
Gratuidad universal
Sobre los propuesta de gratuidad, Figueroa indicó que “implica una discriminación respecto de los alumnos que tienen igual condición socioeconómica que los que asisten a otro tipo de instituciones, y lo más lógico es que ese tipo de discriminación se corrija”.
Al respecto, el rector Montes comentó que hay que tener cuidado en cuanto al criterio para comenzar con el proceso. “Parece obvio que esto es para favorecer a los jóvenes de recursos más escasos en vez del Cruch. Entonces no hay que mezclar los criterios, porque genera injusticia y eso es tan complicado como no tener los medios para avanzar”.
Figueroa recalcó que la manera en que está planteada la gratuidad universal, tiene varios efectos negativos en el sistema de educación superior. “Implica una medida regresiva por cuanto se le entrega muchos más recursos a las familias más ricas y dejas de focalizarlos donde más se necesitan”, dijo.
Agregó que aún no está claro que es lo que se quiere hacer en la educación superior. “Lo óptimo sería que se diga que tenemos que perfeccionar el sistema de becas y créditos velando porque los más vulnerables tengan acceso. Pero sin necesariamente terminar en una política de gratuidad universal”, manifestó.