La Tercera: Recursos para gratuidad permitirían cubrir al 30% más vulnerable del sistema
Por P. Salazar
El gobierno estableció que se comenzará por la gratuidad en 2016 y que la medida contará con un presupuesto cercano a los US$ 500 millones. La iniciativa es gradual y beneficiará – en una primera etapa – a los alumnos que estudian en CFT e IP acreditados y sin fines de lucro y a los inscritos en las universidades del Cruch.
El anuncio, realizado en la cuenta pública, ha generado varias polémicas con respecto a por qué sólo se beneficiará a ese grupo de alumnos y no a la totalidad de los más vulnerables. El director de Acción Educar, Raúl Figueroa, dijo que “el monto para comenzar la gratuidad es de US$ 500 millones. En ese escenario, es necesario diseñar una mejor política que se adecue a los recursos disponibles y permita cumplir con el objetivo y facilitar el acceso a más alumnos vulnerables, sin que implique una discriminación arbitraria. Para ello, lo más razonable es establecer una política de mejores ayuda económicas para un grupo homogéneo de la población asociado a requisitos”.
¿Cómo se logra esto? El organismo realizó un análisis, el que propone que el fisco destine unos US$ 444 millones para iniciar la gratuidad. La diferencia es que ésta involucraría a todas las instituciones de educación superior acreditadas y alcanzaría al 30% más vulnerable. “De esta forma sería más justo y tendría sentido el filtro”, explicó Figueroa. El estudio calculó el monto promedio del arancel ponderando el número de alumnos y su grado de vulnerabilidad.
Con dicho cálculo, más de 255 mil alumnos se verían beneficiados y esto sería independiente de donde estudiaran. Una cifra que representa unos 10 mil favorecidos menos que la cobertura que ofrece hoy el gobierno. El único requisito, explicó Figueroa, es la acreditación y agregó que “se podría hacer el esfuerzo y gastar US$ 637 millones, los cuales servirían para extender la medida hasta los dos primeros quintiles (40% más necesitado)”. Es decir, a unos 325 mil estudiantes.
Uno de los principales temores tras el anuncio del gobierno, es que con la iniciativa los alumnos terminen escogiendo una carrera en un plantel sólo porque es gratuito y “no donde realmente le interese estudiar. Tal como está diseñada esta política es discriminatoria e implica no respetar la libertad de los jóvenes más vulnerables que se ven dirigidos a tomar decisiones que pueda que no responda a sus anhelos”, dice el ex asesor del Mineduc en el gobierno pasado.
El Mineduc ya estableció que para que los planteles partan por la gratuidad exigirá requisitos, entre ellos, el costo del arancel y el número de vacantes a ofrecer, el que no podrán ser excesivo. Una serie de requisitos que incomodan a Figueroa. Según el experto, para acercar el precio del arancel referencial al real lo más “probable es que se fijen precios en los programas”, es decir, que se estandaricen. “Al poner techo se le pone tope a la calidad y genera homogenización de los proyectos educativos. Esto perjudica especialmente a los alumnos vulnerables porque además de fijar costos, hay que fijar cupos de acceso y las vacantes se llenan por los mejores alumnos”, concluyó.
Ver estudio de Acción Educar completo.
