La Tercera: Reforma: oficialismo propone flexibilizar exigencias a colegios con menos de 500 alumnos
Por M. Nahas
El 22 de mayo de este año la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de ley que pone fin al lucro, copago y selección, iniciando un debate que no sólo ha encendido la discusión en el Congreso, sino también entre los expertos e, incluso, dentro del mismo oficialismo. Siete meses después, las diferencias sobre la propuesta, que por estos días se tramita en la Comisión de Educación del Senado, parece estacionada en la exigencia de que los sostenedores particular subvencionados se constituyan jurídicamente en corporaciones sin fines de lucro y que sean propietarios de sus inmuebles. Dos medidas que buscan poner fin al lucro en la educación escolar, pero que, a juicio de los sostenedores, sería la razón que activaría el cierre de cientos de colegios particulares que hoy reciben aportes del Estado.
Frente a este escenario, el senador Carlos Montes (PS) planteó al gobierno una propuesta que se discute por estos días y que apunta a desatar el nudo de la compra de colegios.
Una gestión en la que también ha participado el senador DC Andrés Zaldívar y que cuenta con el apoyo de otros varios parlamentarios de la Democracia Cristiana.
El argumento apunta, fundamentalmente, a plantear una excepción a la reforma, que establezca un trato diferenciado entre los colegios pequeños, con una matrícula inferior a los 500 alumnos, y mantener las actuales exigencias para los que estén por sobre ese rango.
¿Por qué? A juicio de Montes, un colegio con menos de 500 alumnos difícilmente puede generar excedentes y, por lo tanto, quedaría fuera de la posibilidad de lucrar con recursos fiscales. “Los colegios de menos 500 alumnos representan el 73% del total de establecimientos del país. Estos colegios, en general, no tienen lucro, lo que pueden hacer es fraude, pero si cumplieran con todos los estándares que les establece la norma, no podrían tener lucro”, explica el senador por Santiago Oriente.
Sin margen para lucrar, los colegios “chicos” tendrían que someterse a un estatuto especial, que dentro de la discusión que se ha abierto los asimilaría con las pequeñas pymes. “Estamos trabajando en una propuesta que establezca otro tipo de exigencia para esos colegios. Tiene que haber exigencias. Ellos deben tener contabilidad completa, que hoy no tienen; supervisión del SII que hoy no tienen. Tener un conjunto de exigencias fuertes en ese sentido, pero desde el punto de vista de la forma jurídica no. Para eso estamos proponiendo que el Mineduc tenga un programa de apoyo en lo contable y en lo jurídico para que estos colegios puedan adquirir los más rápido posible la organización necesaria”, añade el parlamentario.
En materia técnica, todavía no está estrictamente resuelto cuál sería el umbral de diferencia para establecer qué colegios se acogerían a este nuevo trato. “Puede ser de 500 alumnos o de 300, pero es necesario hacer un corte. El grueso de los colegios son de menos de 500, un 73% del total. y 69% menos de 300. En el caso del sector público hay 901 colegios de más de 500 alumnos. El resto de los 5.000 son de menos de 500. Hay mucho recinto rural dentro de lo que le digo, pero es otra forma de tratar el tema. Hay colegios especiales, de adultos, un conjunto de realidades distintas que requieren otro tratamiento. En el caso de estos colegios, en general, es muy difícil que si cumplen todos los estándares, o sea que tenga laboratorio y todo lo que se requiere, puedan generar excedentes. Puede que haya alguno que haga una combinación de niños de inclusión, que le permita un cierto excedente. Insisto, si cumplen la ley, no tienen excedentes. Hay algunos que no cumplen lo que la ley le exige, no tienen laboratorio, por ejemplo y así hacen ese ahorro”, precisa Montes.
Trato discriminatorio
La medida también se analiza desde la vereda de los sostenedores. Rodrigo Ketterer, secretario general de la Conacep, plantea que “no corresponde la discriminación por tamaño de matrícula. Una reforma de esta magnitud, que impacta en más de tres millones de hogares, tiene que ser muy rigurosa y velar por todos los alumnos, sean de colegios chicos o grandes”.
El dirigente agrega que esta propuesta “puede desviar la perspectiva de la matrícula involucrada. Pueden ser pocos los colegios con más de 500 alumnos, pero en total sumen mucha matrícula, que es lo que ocurre”.
Una mirada más legal es la que plantea Raúl Figueroa, director de la fundación Acción Educar. “Es una medida inconstitucional, ya que atenta contra el artículo 19, número 2 de la carta fundamental, que asegura a todas las personas igualdad ante la ley. Produce un trato discriminatorio. Además, por esta vía se le estaría dando mecanismos de subsistencia precisamente a los colegios que tienen más dificultades. Mientras menos matrícula tienes, la capacidad económica para funcionar es menor”, concluye.
