La Tercera: Reforma universitaria: ideologismo sin renuncia
Por Felipe Morandé, decano Universidad Mayor y consultor.
El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó recientemente un documento titulado “Bases para una reforma al sistema nacional de educación superior”, el que se supone servirá de marco para un proyecto de ley a presentarse durante el semestre en curso.
El contenido revela la intención de un cambio mayor y profundo -otro más dentro de la lista del gobierno- a la educación terciaria, bajo el principio de que “la educación (es) un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado por el Estado…” y una “lógica de derechos (y de recuperación del) rol regulador del Estado”. Es esto lo que fundamenta la controvertida gratuidad universal para los estudios de pregrado. El documento critica el actual sistema universitario por mercantilista, por basarse en la competencia –en lugar de la cooperación– entre universidades como mecanismo para mejorar la calidad, por la alta dispersión de la misma (heterogeneidad), y por contener un sistema de financiamiento “… a la demanda que genera un endeudamiento insostenible, especialmente a los egresados de menores ingresos…”. No hay mucha claridad ni detalles en términos de cómo un sistema como el propuesto, mucho más regulado por el Estado y con un trato preferente a las universidades estatales, podrá garantizar la cooperación interuniversitaria y una mayor calidad de la enseñanza.
Un poco más de luces hay sobre el sistema de financiamiento del pregrado: se sustituye el actual subsidio a la demanda –becas y créditos subvencionados- por un esquema de subsidio a la oferta –recursos entregados directamente a las universidades– por un monto que (teóricamente) garantiza la gratuidad total para los alumnos. La fórmula para calcular este monto es compleja de diseñar y más aún de implementar; y seguro que, de aplicarse, va a dejar a varias universidades con menores ingresos a los que reciben actualmente. En efecto, un estudio de Acción Educar (N° 27, de mayo de este año), usando dos fórmulas plausibles según los criterios definidos por el Mineduc, concluye que entre el 27% y el 32% de las universidades del Cruch (las tradicionales) recibirían ingresos inferiores a los actuales, lo que las obligaría a redefinir sus proyectos educativos (tamaño, entre otras cosas). Dentro de estas universidades perjudicadas, hay varias de alto prestigio, como la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Y si esto pasa con las instituciones tradicionales, con las privadas sería más acentuado. No hay que hacer muchos cálculos para imaginar que universidades como la Diego Portales, la del Desarrollo, la Andrés Bello, la Alberto Hurtado y la Mayor, por mencionar las con mayores años de acreditación, se verían severamente perjudicadas y, con ellas, la mayoría de sus alumnos. Todas, tradicionales y privadas, estarían absolutamente constreñidas en su expansión y crecimiento. Pareciera ser que el gobierno quiere disminuir el acceso global a la universidad (cobertura).
Hay varios otros aspectos en el documento del Mineduc que dan cuenta del mismo tipo de ideologismo y ausencia de un sentido de realidad. Uno de los más llamativos es el compromiso que deben asumir las universidades que quieran el aporte estatal de gratuidad en orden a consagrar la triestamentalidad en sus gobiernos corporativos, es decir, la participación de estudiantes, funcionarios y académicos en órganos superiores con derecho a voz y voto. Esto, que a primera vista puede ser visto como un valor, ha demostrado en la práctica, allí donde se aplica, ser un elemento distorsionador de la calidad de la institución y un factor de politización del quehacer universitario.
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