La política de gratuidad en la educación superior impulsada por el gobierno fue acompañada de una lógica de fijación de precios. Durante al año 2016, los aranceles regulados por el Estado no fueron capaces de compensar los aranceles reales en 29 de las 30 instituciones adscritas, incluso después de aplicar el 20% del suplemento sobre el valor fijado.